Opicion 26/07/2018

La "Mani Pulite" y el error de cálculo

¿La Ley Penal Empresaria podría dejar fuera de juego a CAMBIEMOS en la provincia de Buenos Aires?

por
Mg. Maximiliano J. Brajer

Una (otra) nueva ley penal.

Ni la Convención Interamericana contra la Corrupción; ni la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; ni la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción -recurrentemente citadas como pábulo a la sanción de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas- obligan a criminalizar a las personas jurídicas sino sólo procuran su "responsabilidad por participación en delitos graves". Si bien se ve, ello habilita perfectamente a sanciones de naturaleza administrativa, pero no penales. Repárese por caso que Alemania - como otros tantos países de nuestra región (Brasil; Colombia y Perú, p.ej.)- ha elegido para sí un modelo de responsabilidad administrativa y no criminal, sin que podamos predicar labilidad en el sistema normativo teutón.

Pero hay en algunos gobiernos una inclinación casi indómita por sobreactuar irreflexivamente. Cuanto más, cuando merodean presiones externas barruntadas al calor de la vocación del Poder Ejecutivo de ingresar a la O.C.D.E. y la presidencia del G20. De tal suerte, se han promovido ingentes esfuerzos desde la Oficina Anticorrupción; el Ministerio de Justicia y legisladores del partido gobernante para obtener la norma. En dicha inteligencia, y por si nos faltasen cuerpos normativos de naturaleza penal, ahora está vigente la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

 

El error de cálculo.

No podemos desconocer que ya en el año 2011 se operó una reforma al Código Penal que incorporó el delito de lavado de activos y que traía la novedad de sanciones penales para aquellas personas jurídicas vinculadas a la maniobra. Pero, en puridad, en la jurisprudencia nacional son exiguos los casos de procesos concluidos con sanción efectiva.

Sin embargo, ahora, con todo el batifondo y jaleo desplegado para lograr la obtención de normas que permitan "desterrar de una vez y para siempre el cáncer de la corrupción?" lo previsible y razonable es que esos procesos sí se sustancien; multipliquen y reproduzcan. El inconveniente, acontece cuando en virtud a una ley sancionada  en la propia gestión y merced a un error de cálculo, el partido gobernante debe(ría) peregrinar pasillos tribunalicios.

En efecto. La verificación que una gran cantidad de bonaerenses que aparecen como aportantes a CAMBIEMOS en las elecciones de los años 2015 y 2017 no lo han sido por propia voluntad desconociéndose el origen lícito de esos fondos, revela a las claras que además de la responsabilidad penal de las autoridades partidarias, es la propia persona jurídica la que debería quedar alcanzada por la sanción penal (verbi gratia: Pro+U.C.R.+Coalición Cívica (Cambiemos)). Vale recordar que la paleta de castigos es amplia y pueden aplicarse conjunta o separadamente. A guisa de ejemplo, una de las puniciones previstas es la suspensión total de actividades de la persona jurídica (en este caso el partido político) por hasta un máximo de 10 (diez) años.

La nueva legislación, además, aportó una nutrida serie de criterios de actuación que seguramente impactarán en los actores judiciales en punto a la forma de interpretar y aplicar la responsabilidad penal de personas jurídicas por lavado de activos ya vigente desde 2011, pero con poco rodaje. Y, es de destacar, estos criterios son bastante reductores en lo concerniente  a la forma de desembarazarse de las acusaciones y los procesos en marcha y, a la sazón, dotan a los Fiscales de un repertorio más que auspicioso de herramientas procesales como para hacer hociquear a las personas jurídicas en falta. Todo un dolor de cabeza para la gestión bonaerense.


El caso español y el espejo roto.

Contribuye a poner en evidencia la "poca picardía" (¿?) de sancionar una ley de esta naturaleza -cuando los aportes ilícitos y sus consecuencias no podían ser desconocidos para las autoridades partidarias-, la circunstancia que el Gobierno no tomó debida nota de la experiencia española. Lo dicho, por cuanto el modelo ibérico fue blandido y agitado a voz en cuello como ejemplo a seguir en esta materia por quienes pretendían que se sancione esta ley a ultranza (la responsabilidad penal de las personas jurídicas fue introducida al ordenamiento español mediante la Ley Orgánica 5/2010  y por Ley Orgánica 7/2012 se incluyó a los partidos políticos y sindicatos).

No obstante, en España ya son cuatro los partidos políticos salpicados (el Partido Popular (PP) por la trama "Gürtel"; la Unió Democrática de Catalunya (UDC) por el caso "Pallerols";  Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), por el caso "Palau" y el Partido Socialista ( PSOE) por "Filesa"); de los cuales dos - UDC y CDC- ya se disolvieron. Cuestiones de irretroactividad de la ley penal hicieron que al PP y al PSOE no se les pueda aplicar el delito de financiación ilegal.

En rigor, estas reformas legislativas españolas no obedecen a otra cosa que a la Recomendación del Comité de Ministros de los Estados Miembros del Consejo de Europa sobre las Reglas Comunes contra la Corrupción en la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales, que en su Preámbulo reza: "la corrupción representa una seria amenaza para el Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos, la equidad y la justicia social, que impide el desarrollo económico, pone en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas y socava los fundamentos de la sociedad". Me permito colegir que esta gente sí cree en lo que dice.

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