Opinion 06/11/2020

El fallo de la Corte Suprema argentina

por
Alejandro José Granillo Fernández

El único procedimiento jurídicamente vigente, para la designación de jueces de los tribunales federales inferiores a la Corte Suprema, es el establecido en los artículos 114 y 99 inciso 4, párrafo segundo, de la C.N.

Por el primero, se atribuye al Consejo de la Magistratura la selección de los postulantes, y la propuesta al Poder Ejecutivo de ternas vinculantes, para su nombramiento.

Por el segundo, el Presidente de la Nación selecciona un candidato dentro de la terna vinculante conformada por el Consejo de la Magistratura, solicita su acuerdo al Senado de la Nación, y obtenido el acuerdo nombra al nuevo juez.

Para que ese procedimiento se ponga en marcha, es necesaria que haya vacancia en un cargo de juez preexistente, o bien la creación de nuevos tribunales federales, que requieran el nombramiento de jueces que los integren.

En todos los casos, se trata del llamamiento a concurso (conf. art. 114 C.N.), para cubrir un cargo de juez que no se encuentre ocupado por un Magistrado en ejercicio, en tanto este último goza de estabilidad en sus cargo mientras dure su buena conducta (conf. art. 110 C.N.).

En palabras llanas, se llama a concurso para cubrir el cargo de Juez, en el Juzgado Federal nro. X, del fuero X, del distrito federal X.

Que ello excluye la posibilidad de que se designen jueces, sin que existan las vacantes previas.

Y significa que cuando el Poder Ejecutivo nombra al nuevo juez, y cuando previamente el Senado de la Nación le otorga el acuerdo constitucional, lo hacen para que el candidato desempeñe su Magistratura en un Juzgado o Tribunal o Cámara específico y determinado. Con esa precisión de destino, es como el Poder Ejecutivo solicita el acuerdo constitucional al Senado de la Nación, y así es como se sanciona el decreto PEN que designa al nuevo juez.

Esa comprensión de la Constitución Nacional, que es la única posible conforme su texto, es la que repuso la Corte Suprema de Justicia en el fallo reciente, al decidir que es inconstitucional que el Poder Ejecutivo pueda llenar las vacantes que se vayan produciendo, trasladando a ellas por actos de mera a autoridad del Presidente de la Nación, a jueces que han sido designados para desempeñarse en un órgano jurisdiccional específico.

Esa es la buena doctrina, y la que mejor resguarda para los ciudadanos la garantía del debido proceso legal, el que comprende el derecho a ser juzgado por los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa (art. 18 C.N.), lo que podría ser burlado, si el Presidente de la Nación a su criterio tuviere la facultad de trasladar jueces de un tribunal a otro, lo que es lo mismo que decir trasladar al juez de un proceso judicial a otro.

Como bien lo seña el fallo de la Corte, la costumbre no puede oponerse como argumento frente a la  violación de la Constitución Nacional, por lo que el argumento basado en que desde hace varias décadas se ha admitido que el PEN realice traslados de jueces, carece de sustento constitucional.

Los jueces deben fallar de conformidad con la Constitución Nacional, los Tratados internacionales incorporados, y las leyes (art. 116 CN). La supuesta conveniencia o inconveniencia en cada caso para los particulares, por más encumbrados que ellos fueran, no puede alterar el cumplimiento de esa obligación constitucional.

Quienes hoy manifiestan su desacuerdo por la decisión, y postulaban la tesis de la minoría de la Corte, no han entendido que la Constitución es una estructura sabia y compleja, y que cuando se comienza a relativizar su funcionamiento, se termina por desconocer desde el poder, los más elementales derechos y garantías que la Carta Magna otorga y reconoce a los habitantes de la República.

En ello radica el legítimo interés que los ciudadanos tenemos, en la resolución del caso.

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