El sistema de salud argentino tiene pronóstico reservado luego de la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 publicado en el Boletín Oficial por el gobierno del presidente Javier Milei.

Los cambios que ya están en marcha pueden impactar de lleno en el acceso a la atención sanitaria de gran parte de la población. Entre otras disposiciones, se eliminan los topes al aumento de las cuotas de la medicina prepaga que requerían hasta ahora autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud y del Ministerio de Salud de la Nación.

La desregulación ya impulsó incrementos de entre 40 y 50 %. Sociedades médicas, entidades civiles, de profesionales y de pacientes coinciden en que las suban provocarán que un sector de los trabajadores y las trabajadoras no pueda afrontar los costos y deba recurrir a la salud pública con la consecuente sobrecarga que generaría la alta demanda.

Además, las personas que trabajan en el sistema formal podrán elegir si derivan sus aportes en forma directa a las prepagas o a las obras sociales. Por DNU, también se dispone la implementación exclusiva de la receta digital que hasta ahora coexistía con el formato manuscrito, y se establece la prescripción de medicamentos solo por su nombre genérico.

La salud es uno de los sectores que incluye más modificaciones dispuestas por el Poder Ejecutivo. "Abarca 61 de los 366 artículos del decreto, es el segundo ámbito más afectado por los cambios legales, luego del aerocomercial" advierte a este medio Alejandra Sánchez Cabezas, miembro fundadora del Foro de Sociedades Científicas, Organizaciones de la Sociedad Civil y Universidades que reúne a más de 80 entidades. "Si bien compartimos la inquietud ante la crisis en el sector de la salud, las propuestas presentadas en el DNU no contienen los elementos necesarios para llevar a cabo una reforma integral. Prevalece una inclinación hacia la desregulación, que podría tener efectos negativos" agrega.

Prepagas sin techo

El DNU 70/23 permite la desregulación de precios de las Empresas de Medicina Prepaga y su incorporación a las disposiciones de la Ley 23.660 de Obras Sociales. En Argentina existen alrededor de 700 entidades que dan cobertura más de 6 millones de personas. De este total, unos 2 millones son beneficiarios directos, o sea abonan una cuota mensual. El resto está afiliado a una obra social a través de la que desregulan sus aportes hacia el sector privado. El informe elaborado por la Fundación Soberanía Sanitaria revela que 60 % de la población que posee cobertura por prepagas está distribuida entre dos empresas: OSDE y Swiss Medical (SMG).

La actividad de las prepagas está regulada por la ley 26.6822 sancionada en 2011. "Existe de hecho una desregulación desde la década de 1990 que supone que estas empresas se asocien a una obra social pequeña para transferir los aportes. Pero el DNU formaliza este mecanismo y quita todas las barreras. Cualquier trabajador puede elegir en forma directa una prepaga lo que podría desfinanciar a las obras sociales" explica Enio García, director científico de Soberanía Sanitaria.

¿Cuál es el riesgo? Se genera un mecanismo que se denomina descreme: los salarios más altos derivan sus aportes (el 3 %) hacia la medicina prepaga. Y las empresas pueden poner condiciones si no tienen controles. "Por ejemplo, elegir quedarse solo con quienes pueden aportar altos valores. Pero también requisitos para admitir con preferencia a las personas más jóvenes o sin enfermedades previas" detalla el exjefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense.

"Las prepagas se quedan con un negocio cerrado: ingresos altos y poca demanda. Las personas con más riesgos de salud y menores ingresos quedan en las obras sociales lo que perjudicará la crisis que atraviesan. La población que se quede sin cobertura deberá recurrir al sistema de salud público que generará una sobrecarga como sucedió en 2001" agrega.

No es negocio

La salud es un derecho humano contemplado en la Constitución Nacional. Los cambios propuestos en el decreto del Poder Ejecutivo impulsan una desregulación con reglas del mercado. Sin embargo, aumentar la competitividad no garantiza beneficios directos para la población. "Cuestionamos que las propuestas presentadas en el DNU contengan los elementos para llevar a cabo una reforma integral. Cuando se intentaron aplicar mecanismos de mercado no solucionaron los problemas y afectaron el acceso de las poblaciones como se evidenció durante la pandemia" afirma Alejandra Sánchez Cabezas, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública. "El derecho a la salud debe ser preservado colectivamente si queremos garantizar la supervivencia equitativa de la población" asegura.

Entre los aspectos que más impactarán figuran la derogación de la Ley Nº 27.113 que puede hacer desaparecer la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). "Estos laboratorios son los encargados de producir, entre otros, medicamentos para enfermedades olvidadas que no tienen rentabilidad para los privados" sostiene Sánchez Cabezas. También ofrecen productos a precios más accesibles.

La sustitución del artículo 17 de la ley que regula a las prepagas introduce cambios en la transferencia de responsabilidad financiera, negociación individual de contratos y tarifas mínimas y eliminación de intervención en asuntos de contratación, entre otros. "Plantea desafíos en términos de equidad, accesibilidad y calidad para los usuarios. Las empresas de medicina prepaga que quiebren no tienen obligación de reubicar la cartera de clientes en otras instituciones. Pone en riesgo a las personas, que por su edad o por sus condiciones previas no podrían acceder a otro servicio. Esto redundaría en una sobredemanda del hospital público. Sin financiación o reaseguro produciría una disminución de la accesibilidad y la calidad de atención" explica la profesional.

Al límite

La pandemia dejó un sistema sanitario en tensión, con profesionales agotados y con salarios en muchos casos bajos. Hay intervenciones quirúrgicas y tratamientos pendientes. Los cambios propuestos empeoran el pronóstico. "El decreto ataca las bases del sistema sanitario. Los pacientes son los mas afectados pero también los profesionales médicos y los farmaceúticos. La obligación de prescribir por genéricos (una ley que tiene 20 años) impide recetar un medicamento en particular y coarta la posibilidad de aplicar la experiencia del especialista" afirma Edgardo Knopoff, secretario de prensa de Asociación de Médicos Municipales (AMM) de la ciudad de Buenos Aires. La posición de la entidad es contraria a gran parte de las disposiciones del DNU y también del proyecto de ley ómnibus enviada por el gobierno al Congreso de la Nación. En un encuentro, interiorizaron a los diputados de Unión por la Patria sobre los problemas que pueden surgir y avanzarán con reuniones con otros partidos políticos.

"La salud pública sufrirá una sobrecarga y no está contemplado un aumento de los recursos para ese sector. Tampoco para los salarios de los profesionales. Habrá mas personas a atender por médico con la misma tecnología que en muchos lugares ya es insuficiente. Esto podría traer consecuencias en los colectivos más vulnerables como las personas con discapacidad" finaliza el director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires.