En 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) creó el Examen Periódico Universal (EPU) con el fin de analizar la situación de los derechos humanos en el mundo. De la evaluación participan los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. En un lapso de cuatro años y medio cada nación es analizada por las restantes 192.

Cada Estado debe presentar un informe ante el Consejo de Derechos Humanos. El resto de los integrantes preguntan al evaluado y realizan observaciones. El examen se realiza gracias a la información brindada por cada Estado en su informe nacional y la que aportan la sociedad civil y los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas.

A fines de enero, Argentina fue evaluada por cuarta vez. Obtuvo varios reconocimientos en materia de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia, por el juzgamiento de los represores de la última dictadura cívico militar que aún continúan. En cuanto a políticas sobre género, valoraron la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Sin embargo, también mostraron preocupación en temas como la violencia policial, el abuso de prisiones preventivas, la situación en las cárceles y comisarías. Así como el crecimiento de la pobreza. En ese sentido Brasil solicitó que se implementen medidas de transferencias de ingresos a los sectores más vulnerables. Mientras que Chile, pidió que se otorgue mayor atención a los sectores más afectados por la crisis provocada por la pandemia.

En tanto, Estados Unidos y Reino Unido, entre otros, se mostraron preocupados por las condiciones de las detenciones en las cárceles, por lo que se recomendó trabajar con el abuso de la prisión preventiva, y que se busquen alternativas que no signifiquen la privación de la libertad. El hacinamiento en los lugares de detención también fue observado, y se sugirió prohibir las detenciones prolongadas en comisarías.

Sobre la violencia institucional, algunos estados advirtieron el uso excesivo de las fuerzas policiales por lo que recomendaron medidas para evitar la aplicación del uso letal de la fuerza.

Mención especial tuvo el retraso en el nombramiento del Defensor del Pueblo, eje central en la defensa de los derechos de la población.

Finalizando la evaluación, el Estado argentino presentó compromisos voluntarios. Tomó responsabilidad en la plena implementación de la aplicación a nivel nacional de la ley IVE, la creación legal de un sistema integral de políticas de cuidado con jornadas laborales adaptadas y modificación de regímenes de licencias laborales. Así como también se comprometió al diálogo y resolución pacífica por los reclamos territoriales de los pueblos indígenas.

Análisis previo del CELS

El Centro de Estudios Legales y Sociales CELS junto con otras organizaciones, habían remitido un análisis sobre las temáticas tratadas en el EPU que sirvieron de diagnóstico sobre los cuales los estados miembros mostraron preocupación y/o reconocimiento.

Algunos de estos diagnósticos

Violencia policial

En Argentina aún existen patrones de violencia policial. De acuerdo a el informe "el CELS ha registrado entre 2018 y 2021 al menos 368 casos de muertes particulares y 87 policías muertos en el Área Metropolitana de Buenos Aires en situaciones de uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad", y aclara que se reiteran los casos de muertes en persecuciones y controles vehiculares. "Además, entre un 74 y un 77 por ciento de los particulares fueron muertos por policías fuera de servicio y, al menos, 28 mujeres fueron asesinadas por policías con motivos de género".

El abordaje de personas con problemas psicosociales con desmedido uso de la fuerza también fue mencionado. Así como el uso que las fuerzas policiales hacen de las persecuciones por tenencia de estupefacientes de uso personal, y las detenciones arbitrarias, con la excusa del control del narcotráfico.

Por último, explica que son insuficientes o inadecuados los protocolos y mecanismos de control del uso de la fuerza durante manifestaciones, operativos en barrios vulnerables y desalojos o allanamientos. En particular, no existen regulaciones en el país sobre el uso de armas menos letales.

Personas privadas de su libertad

Refiere a la situación de hacinamiento que desde 2008 es exponencial. Según el Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena (SNEEP) del Ministerio de Justicia de la Nación, entre 2007 y 2020 la tasa de encarcelamiento nacional creció un 55 % y la población penitenciaria aumentó en 42.487 personas, lo que representa un incremento del 81 %.

Las situaciones empeoran según la provincia, en Buenos Aires la sobrepoblación reconocida por el poder ejecutivo provincial alcanza el 100 %. El sistema penitenciario de esta provincia se encuentra completamente colapsado, en una crisis humanitaria histórica y sin precedente.

Como consecuencia las detenciones prolongadas en las comisarías son cada vez mayores. Se suman los problemas de acceso a la salud para los detenidos y el uso abusivo de la fuerza en cárceles para reprimir protestas en los servicios penitenciarios.

La prisión preventiva es la que sostiene a la mayor cantidad de personas encarceladas, en enero de 2022 el 54 % de las personas alojadas en cárceles y comisarías se encontraba sin condena.

Desclasificación de archivos de inteligencia

Memoria, Verdad y Justicia es uno de los procesos que más avanzó en el país, empero aún faltan desclasificar, relevar y hacer público de archivos de inteligencia de la última dictadura.

Desde el CELS advirtieron que a partir de 2022 los equipos de relevamiento en archivos de las fuerzas armadas fueron fortalecidos en cuanto a su capacidad de trabajo. Sin embargo, la información de inteligencia de las fuerzas armadas sigue bajo secreto y en riesgo de ser destruida.

Búsqueda de personas

Aunque el país se encuentra entre los que jerarquizaron el delito de desaparición forzada y participa en los principios rectores para la búsqueda de personas, aún "no hay organismos responsables de la búsqueda, ni unidades especializadas, ni información exhaustiva sobre las personas desaparecidas y encontradas." Se menciona el caso de Tehuel.

Pueblo originarios

Destacan el retraso en el relevamiento territorial de las comunidades originarias. Según los registros oficiales del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), sólo 779 de las 1802 comunidades tienen relevamiento culminado. No hay ley nacional de propiedad comunitaria indígena, y se repiten los conflictos público-privados y los desalojos violentos.

El Estado argentino aún no cumple con la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2020) de otorgar un título único de propiedad comunitaria de las 400 mil hectáreas de tierras tradicionales a la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat.

Derecho a la tierra y la alimentación

A la falta de una política de gran escala para fortalecer la tenencia de la tierra de las comunidades, se le añade la expulsión de las comunidades rurales de sus territorios en favor de los intereses del agronegocio y el accionar del Poder Judicial que no reconoce las formas de vida campesina.

Pobreza

En 2017, un 25 % de la población estaba bajo la línea de pobreza, en 2020 ese porcentaje alcanzó el 40 %. Entre 2018 y 2019 el desempleo aumentó al 10 % y los salarios reales disminuyeron un 15% con respecto a los niveles de 2017.

En tal sentido menciona que el sistema de recaudación estatal es injusto ya que los sectores vulnerables contribuyen más que los sectores privilegiados.

Otros ítems desarrollados en el informe del CELS, mencionan la situación de los migrantes, de la vivienda y el déficit habitacional, así como los conflictos por los alquileres, la salud mental, el acceso al aborto y el uso de las tecnologías en la prevención de delitos.