En Argentina el trabajo educativo en contexto de encierro data de hace más de treinta años. Fue a partir de 1986 que el Servicio Penitenciario Federal permitió -a través de un convenio con la Universidad de Buenos Aires (UBA)- poner en práctica el sistema UBA XXI entre la población carcelaria. Una década después, en 1996 se sancionó la ley N.º 24660 de Ejecución Penal, que significó un cambio de paradigma ya que permitió la participación de universidades y organizaciones de la sociedad civil en el contexto de encierro. Quince años después, se constituye un nuevo avance en la materia con la promulgación de la ley N 26695 que estableció nuevos enfoques sobre la educación dentro del Sistema Penitenciario Argentino.

Hacia el 2000 hubo quiebre en el proceso de construcción de una política educativa federal para los contextos de privación de la libertad, ya que desde el Ministerio de Justicia de la Nación tomaron contacto con la Unidad de Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación de la Nación, para considerar las posibilidades y maneras de transformar la educación en las cárceles federales. Es que hasta ese momento, la educación en las Unidades Penitenciarias Federales era brindada por el personal de seguridad, quienes sólo se encargaban de la educación primaria y a fin de cada año las y los alumnos rendían en calidad de "libres" para poder certificar los estudios realizados.

En ese marco, se firmó finalmente el primer Convenio de Cooperación Educativa entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia en 2000, que se actualizó en 2006. En su artículo 4 "se compromete a brindar la actualización pedagógica necesaria para el personal penitenciario que se desempeña en el ámbito educativo y la capacitación en sus funciones de apoyo, tutoría y biblioteca, entre otras, que complementen la tarea docente y a proveer los materiales didácticos necesarios".

En la actualidad, muchos de los penales del país cuentan con bibliotecas para quienes deben habitarlos. Ana Sicilia, periodista especializada en derechos de las personas privadas de libertad y creadora de la primera biblioteca con perspectiva de género en el Pabellón 4 de la Unidad 40 de Lomas de Zamora, detalló en una entrevista que las bibliotecas de los penales no están actualizadas y que,además, "llegar a ellas no es fácil, por más que siempre digan lo contrario". ¿La razón de esto? "No es lo mismo una persona que no leyó durante toda su vida a otra que sí. Hay que incentivarlas a que vayan a una biblioteca", detalló la experta. Será que para poder leer en una cárcel hay que "un permiso, atravesar muchos pasillos, rejas y luego buscar el momento" y remarcó: "Por eso hay que llevar los libros a los pabellones". Sicilia recordó también las dificultades que enfrentó para poder entrar a un penal de mujeres: "Tardé cinco meses en poder entrar, porque la burocracia es mucha". Tal vez por eso resaltó que "las puertas de las cárceles deben abrirse a la comunidad".

Narradoras sociales

Pero fuera del contexto carcelario también hay otras "movidas" en torno de las bibliotecas. Por ejemplo: un grupo de mujeres relatoras llamadas Narradoras sociales comenzó a acercarse a las distintas bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires para promover los libros a través de la narración oral, del cuerpo y el encuentro. Van desde la Biblioteca Central de la Provincia a cada una de las bibliotecas populares del interior, a escuelas, a cárceles, a espacios para menores privados y privadas de la libertad, clubes y centros culturales. "Lo más importante es generar un vínculo con la palabra", dijeron en una nota con el portal Hoy.

El grupo realiza encuentros mensuales en la Biblioteca Central donde sus integrantes preparan y comparten los textos que interpretarán en los espacios visiten. "Generalmente vamos a lugares de encierro, lugares donde la gente no la pasa tan bien, a comedores escolares, escuelas con menos recursos". Desde Narradoras señalan que solo acuden a lugares públicos y gratuitos.

La educación en contextos de encierro durante la pandemia

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, destacaron el trabajo que realizaron las y los profesores que pertenecen al Sistema Penitenciario que optaron por trabajar de manera presencial durante la pandemia, ya que la educación en esos espacios adoptó en esos días la modalidad virtual y a distancia. La medida tomada permitió que durante el 2021, 4866 personas hayan podido cursar los estudios primarios, 3588 la secundaria y 45 una instancia terciaria. Además, 717 continuaron con la universidad y 1689 se capacitaron en talleres de formación profesional.

Desde la cartera también señalaron que la actividad educativa destinada a la población penal alojada en el SPF se desarrolla a través de los Servicios Educativos que dependen, administrativamente, de la Dirección de los Establecimientos Penitenciarios y técnicamente de la Dirección de Educación, Cultura y Deporte. Estas áreas son las que se ocupan de hacer valer la Ley Nacional de Educación n.º 26206, la modificación del capítulo VIII de la Ley 24660, la 26058 de Educación Técnico-Profesional, la 26150 de Educación Sexual Integral y la 24521 de Educación Superior y toda otra norma aplicable. Estas leyes están destinadas a garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad y promover su formación integral y desarrollo pleno. El ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro.