Ganar una elección nacional sin ganar la provincia de Buenos Aires es estadísticamente poco probable. El territorio bonaerense es la jurisdicción central en materia de población, territorio y actividad económica en Argentina. Según el último censo (2022), conviven en ella más de 17,5 millones de personas, casi el 40 por ciento del padrón electoral. Prometer para ganar y cumplir para reelegir. Administrar escasez es la tarea. La dependencia del Ejecutivo nacional, una realidad imposible de modificar desde el sillón de Dardo Rocha.

Su volumen y exposición le imponen una condición obvia: ser protagonista de la disputa política a nivel nacional. Es el distrito, junto con la flamante ciudad Autónoma de Buenos Aires, capaz de trasformar en presidenciable a cualquier dirigente al que le toque gobernar. Pero, a diferencia de CABA, la provincia de Buenos Aires fue catalogada en varias oportunidades como "inviable", "quebrada", "ingobernable" y hasta "rota". Ciudad rica, provincia pobre. El resultado político es obvio. Sólo hace falta contar los presidentes que llegaron a la Casa Rosada después de gobernar uno u otro distrito. La respuesta no lo sorprenderá.

Ahora bien, ¿la Provincia siempre fue así o cuándo fue que se "rompió"? Si se toma sólo las últimas décadas, se registraron varios retrocesos: el período 1975-1990, tanto por caída del ingreso por habitante como por inflación; la crisis económica, política y social del año 2001 y, por último, el período 2016 y 2018, caracterizado por una fuerte toma de deuda externa.

Pero lo cierto es que hay un gran problema (y probablemente el más importante) que es la falta de recursos. Durante al menos las últimas tres gestiones provinciales, este fue uno de los principales puntos de discusión que, por ahora, no está en vistas de solucionarse. En concreto, la provincia de Buenos Aires es la jurisdicción más perjudicada en el sistema de coparticipación federal de impuestos.

Actualmente, la que rige el sistema de reparto es una ley de 1987 (sancionada en 1988 durante la presidencia del radical Raúl Alfonsín), en la que la PBA perdió más de 6 puntos de coparticipación respecto de los que recibía hasta ese momento.

Dicha norma tenía un plazo de dos años, pero fue prorrogada "provisoriamente" por más de tres décadas. En el camino, la Constitución de 1994 le dio jerarquía constitucional al régimen de coparticipación federal de impuestos y fijó como plazo hasta fines de 1996 para el dictado de una nueva ley con criterios objetivos. Esto no ocurrió.

La ley fijó los porcentajes y estableció el de la PBA en torno al 22 % de la masa coparticipable, aunque se trate de la provincia con mayor peso económico dentro del país. Es decir, produce el 35 % del Producto Bruto Interno (PBI), el 40% de la recaudación de impuestos coparticipables, el 36% de las exportaciones y el 50 % del valor agregado industrial, pero sólo recibe el 22 % de los recursos. Esto, por supuesto, presupone un gran problema.

La provincia de Buenos Aires sufre el sistema de coparticipación, que tiene como consecuencia que sea la jurisdicción con menor gasto público provincial por habitante; lo que implica, entre otras cosas, menor posibilidad de redistribuir ingresos.

"Para que sea justo, por lo menos, habría que devolverle lo que le sacó Mauricio Macri, y se lo dio a una jurisdicción autónoma que es más chica que una del conurbano. Entonces, se debería volver, en principio, al mismo estadio pre 2015, que ya era discutible y polémico", apuntó a El Editor Ernesto Mattos, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz, quien considera que el quiebre de la provincia de Buenos Aires se dio en ese instante: con la llegada de Cambiemos al poder.

"Primero se redujeron los ingresos que hacen que, al tener los mismos niveles de gasto, se necesite financiarse. En este caso, el gobierno de Cambiemos lo que hizo fue financiarse con el aseguramiento externo. Realizó el ajuste en los impuestos, en la salud y la educación, y para generar nuevos ingresos tomó más deuda. El dilema de tomar más deuda es que cuando uno lo hace en dólares, no es lo mismo que con pesos", explicó: "En pesos, lo que hizo el gobierno de María Eugenia Vidal fue, obviamente, meterlo en la timba financiera. Eso se vio en el presupuesto, por el lado del servicio financiero", precisó Mattos.

En ese contexto, el quiebre no fue solamente en términos de educación y salud, sino también hubo un quiebre del fisco.

"La provincia de Buenos Aires es una provincia productiva e industrial. Lo que pasa es que la gestión de Cambiemos solamente, (es muy irónico lo que voy a decir), pero al mejor estilo liberal, preferían endeudarse que ponerse a producir. Y después los vagos son otros", apuntó Mattos.

Las consecuencias de una Ley de Coparticipación injusta, sumados a los constantes retrocesos (dictadura + gobierno alfonsinista; crisis del gobierno de Fernando De la Rúa y gestión Cambiemos) son contundentes: de acuerdo a los últimos números dados a conocer por el INDEC, en el cuarto trimestre de 2022 la pobreza alcanzó el 39,2 % de las personas que viven en el país. Mientras que en el Gran Buenos Aires, el índice trepó a 39,5 %.

En cuanto a la desocupación, el 6,3 % de las personas que residen en Argentina no tienen empleo, mientras que en el AMBA, son el 7 %. El porcentaje más alto en todo el país.

Si la coparticipación fuera en proporción a la población, Buenos Aires tendría que estar recibiendo un 67 % más (aproximadamente) que lo que recibe. En el Presupuesto 2023 se estimó que Buenos Aires recibiría $ 2,65 billones durante este año; de repartirse por población, el número sería mayor en $ 1,77 billones. Mucha plata que bien podría invertir en salud, educación, políticas productivas. En fin, para redistribuir y ponerle fin a la desigualdad social.

Hay una máxima que recorre la política desde que la coparticipación es coparticipación. Sólo se podrá modificar la ley convenio (una norma que no sólo requiere mayoría especial del parlamento sino el aval de todos los gobernadores) en épocas de abundancia. Cuando cada gobernador sienta que gana un poquito, más allá de que los porcentajes demuestren otra cosa. Entre 2005 y 2009, Argentina tuvo esa chance. Por ahora habrá que esperar.