A más de cinco años de su sanción, los Códigos de Edificación y Urbanísticos porteños, que reemplazaron el viejo Código de Planeamiento Urbano, permanecen en el foco de las críticas que les endilgan a ambas regulaciones la avanzada sin freno de los desarrollos inmobiliarios que saturaron de edificios zonas residenciales y la violación del derecho de accesibilidad de la población con discapacidad al habilitar 'micro departamentos' de solo 18 metros cuadrados.

En 2018, la Legislatura porteña votó las nuevas reglas para fijar los parámetros de dónde, cómo y con qué materiales y altura se construye en la Ciudad. Las actualizaciones, que había llegado redactadas desde el Gobierno porteño, no tardaron en recibir impugnaciones judiciales que objetaban tanto el procedimiento parlamentario, así como las reformas incluidas.

Uno de esos recursos de amparos consiguió, recientemente, un fallo favorable de la Justicia local que anuló la vigencia del Código de Edificación. Mientras, se espera en la Legislatura porteña un proyecto del Ejecutivo para reformular el Código Urbanístico ante la ola de cuestionamientos que recibió desde la población porteña.

De hecho, la presión ejercida en las calles por colectivos de vecinas y vecinos de unos 20 barrios porteños llevó a que durante la campaña electoral del año pasado todos los candidatos a jefe de Gobierno, incluido Jorge Macri, prometieran una reforma. A mayo, aún está pendiente de cumplirse.

Dos códigos criticados por la ciudadanía desde su origen

El primer código que está bajo la lupa define los estándares constructivos para las edificaciones y los criterios de habitabilidad, seguridad, funcionalidad, accesibilidad y sustentabilidad.

En su última versión fueron introducidos cambios que perjudicaron la autonomía y la accesibilidad de personas con discapacidad motora que requieren de una silla de rueda para trasladarse ya que la norma permitió construir departamentos para vivienda de 18 metros cuadrados, con baños y pasillos minúsculos, entre otros aspectos.

La mayoría de las observaciones fueron trasmitidas a los diputados porteños durante el debate parlamentario en 2018 y quedaron registradas en una audiencia pública que sirvió de prueba en la causa que inició Eduardo Joly, de la Fundación Rumbos -que trabaja por la accesibilidad de las personas con discapacidad- ante el juzgado en lo contencioso, administrativo y tributario 4, a cargo de Elena Liberatori.

"Inicié la acción de amparo colectivo contra la Legislatura para que declare la inconstitucionalidad del Código De Edificación por resultar violatorio de los derechos fundamentales de participación ciudadana y el debido proceso, que incluye el derecho a ser oído y recibir una respuesta del Estado", precisó Joly al afirmar que aquellos cuestionamientos efectuados no fueron tenidos en cuenta por el Parlamento.

La semana pasada, la jueza porteña hizo lugar al recurso y declaró nulo al Código de Edificación. En su fallo, Liberatori fue muy crítica contra el rol que adoptó el Parlamento durante el tratamiento del tema: "Son los propios legisladores quienes convirtieron a una instancia relevante de participación ciudadana en un decorado, un show, un artilugio para dar por cumplido lo que entendieron como un mero requisito y sacárselo de encima".

Si bien la decisión de la magistrada ya fue apelada por la Procuración General de la Ciudad, las organizaciones de personas con discapacidad y las que acompañaron la demanda judicial calificaron la medida como "un fallo histórico".

En el caso del Código Urbanístico, la normativa tiene el propósito de regular los usos del suelo y las cargas públicas, incluyendo los espacios públicos y privados y las edificaciones que se desarrollen. Y establece, además, que debe considerarse "las condiciones ambientales, morfológicas y funcionales de la Ciudad en su totalidad".

Sin embargo, la redacción pareció ir contra este criterio ya que extendió la cantidad de espacios autorizados para levantar construcciones en altura, saturando las zonas de casas bajas con edificaciones de entre tres y siete pisos y eliminando los espacios conocidos como "pulmón de manzana" y "retiros de frente" que aportan calidad ambiental por contar con vegetación.

La proliferación de edificios generó una resistencia vecinal que llevó a la conformación de una "red interbarrial" conformada por una veintena de grupos barriales. A través de un escrito, pidieron la declaración de la emergencia en la Ciudad y el cese de permisos de obras hasta que se ponga en debate el tema en la Legislatura.

"Es urgente que se suspenda el otorgamiento permisos de demolición de edificaciones con valor histórico e identitario del barrio y los de construcción de obras mayores a tres pisos en el área de casas bajas de Palermo, sobre la cual los efectos de la aplicación del Código resultan irreversiblemente perniciosos para la identidad del barrio y para la calidad de vida de sus habitantes", dijeron a El Editor desde el colectivo "Palermo Resiste".

Según describieron, el barrio se transformó "en un área tomada por la industria de la sobre-construcción cuyos efectos contaminantes padecemos diariamente". "Polución sonora y gaseosa, caos de tránsito, obstrucción de paso, disminución de servicios públicos, daños en edificaciones aledañas a las obras y destrucción de la arboleda de alineación" son algunos de los problemas que mencionaron como perjudiciales para la calidad de vida.

Desde el grupo "Amparo Ambiental Chacarita", realizaron un "mapeo" que detectó al menos 300 terrenos en obra, en proceso de demolición o en venta. "Esto es una barbaridad en lo que es el perímetro de este barrio que es chico", subrayó Sol, integrante del grupo vecinal. La mujer dijo que observan "con preocupación el escenario actual y poco alentador", tras lo cual consideró vital el avance en la Legislatura del debate para cambiar la normativa.

Para la agrupación vecinal "Devoto Unido", la implementación del nuevo Código "hizo que incrementara entre un 300 y un 700 % la capacidad constructiva y ello provocó la pérdida de la identidad de casas bajas de nuestro barrio".

Mientras aguardan la llegada del proyecto del Ejecutivo a la Legislatura -algo que de acuerdo a fuentes del Gobierno porteño recién podría ocurrir en el segundo semestre- los colectivos vecinales concurren todas las semanas al Parlamento para visitar cada uno de los despachos. Allí, requieren a los representantes que pongan, al menos, en debate el paquete de proyectos que elaboraron desde los barrios para frenar la ola inmobiliaria.