Sociedad
La expansión inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires plantea el dilema entre desarrollo urbano y la preservación de la esencia de los barrios porteños. Vecinas y vecinos organizados para defender la identidad ¿progreso o destrucción?
Por: Valeria Azerrat
18 de mayo de 2024
A más de cinco
años de su sanción, los Códigos de Edificación y Urbanísticos porteños, que
reemplazaron el viejo Código de Planeamiento Urbano, permanecen en el foco de
las críticas que les endilgan a ambas regulaciones la avanzada sin freno de los
desarrollos inmobiliarios que saturaron de edificios zonas residenciales y la
violación del derecho de accesibilidad de la población con discapacidad al
habilitar 'micro departamentos' de solo 18 metros cuadrados.
En 2018, la
Legislatura porteña votó las nuevas reglas para fijar los parámetros de dónde,
cómo y con qué materiales y altura se construye en la Ciudad. Las actualizaciones, que había llegado redactadas
desde el Gobierno porteño, no tardaron en recibir impugnaciones judiciales que
objetaban tanto el procedimiento parlamentario, así como las reformas
incluidas.
Uno de esos
recursos de amparos consiguió, recientemente, un fallo favorable de la Justicia
local que anuló la vigencia del Código de Edificación. Mientras, se espera en
la Legislatura porteña un proyecto del Ejecutivo para reformular el Código
Urbanístico ante la ola de cuestionamientos que recibió desde la población
porteña.
De hecho, la
presión ejercida en las calles por colectivos de vecinas y vecinos de unos 20
barrios porteños llevó a que durante la campaña electoral del año pasado todos
los candidatos a jefe de Gobierno, incluido Jorge Macri, prometieran una
reforma. A mayo, aún está pendiente de cumplirse.
Dos códigos
criticados por la ciudadanía desde su origen
El primer código
que está bajo la lupa define los estándares constructivos para las
edificaciones y los criterios de habitabilidad, seguridad, funcionalidad,
accesibilidad y sustentabilidad.
En su última
versión fueron introducidos cambios que perjudicaron la autonomía y la
accesibilidad de personas con discapacidad motora que requieren de una silla de
rueda para trasladarse ya que la norma permitió construir departamentos para
vivienda de 18 metros cuadrados, con baños y pasillos minúsculos, entre otros
aspectos.
La mayoría de
las observaciones fueron trasmitidas a los diputados porteños durante el debate
parlamentario en 2018 y quedaron registradas en una audiencia pública que
sirvió de prueba en la causa que inició Eduardo Joly, de la Fundación Rumbos -que trabaja por la accesibilidad de las personas con discapacidad- ante el
juzgado en lo contencioso, administrativo y tributario 4, a cargo de Elena
Liberatori.
"Inicié la
acción de amparo colectivo contra la Legislatura para que declare la
inconstitucionalidad del Código De Edificación por resultar violatorio de los
derechos fundamentales de participación ciudadana y el debido proceso, que
incluye el derecho a ser oído y recibir una respuesta del Estado", precisó Joly
al afirmar que aquellos cuestionamientos efectuados no fueron tenidos en cuenta
por el Parlamento.
La semana
pasada, la jueza porteña hizo lugar al recurso y declaró nulo al Código de
Edificación. En su fallo, Liberatori fue muy crítica contra el rol que adoptó
el Parlamento durante el tratamiento del tema: "Son los propios legisladores
quienes convirtieron a una instancia relevante de participación ciudadana en un
decorado, un show, un artilugio para dar por cumplido lo que entendieron como
un mero requisito y sacárselo de encima".
Si bien la
decisión de la magistrada ya fue apelada por la Procuración General de la
Ciudad, las organizaciones de personas con discapacidad y las que acompañaron
la demanda judicial calificaron la medida como "un fallo histórico".
En el caso del
Código Urbanístico, la normativa tiene el propósito de regular los usos del
suelo y las cargas públicas, incluyendo los espacios públicos y privados y las
edificaciones que se desarrollen. Y establece, además, que debe considerarse
"las condiciones ambientales, morfológicas y funcionales de la Ciudad en su
totalidad".
Sin embargo, la
redacción pareció ir contra este criterio ya que extendió la cantidad de
espacios autorizados para levantar construcciones en altura, saturando las
zonas de casas bajas con edificaciones de entre tres y siete pisos y eliminando
los espacios conocidos como "pulmón de manzana" y "retiros de frente" que
aportan calidad ambiental por contar con vegetación.
La proliferación
de edificios generó una resistencia vecinal que llevó a la conformación de una
"red interbarrial" conformada por una veintena de grupos barriales. A través de
un escrito, pidieron la declaración de la emergencia en la Ciudad y el cese de
permisos de obras hasta que se ponga en debate el tema en la Legislatura.
"Es urgente que
se suspenda el otorgamiento permisos de demolición de edificaciones con valor
histórico e identitario del barrio y los de construcción de obras mayores a
tres pisos en el área de casas bajas de Palermo, sobre la cual los efectos de
la aplicación del Código resultan irreversiblemente perniciosos para la
identidad del barrio y para la calidad de vida de sus habitantes", dijeron a El
Editor desde el colectivo "Palermo Resiste".
Según
describieron, el barrio se transformó "en un área tomada por la industria de la
sobre-construcción cuyos efectos contaminantes padecemos diariamente". "Polución
sonora y gaseosa, caos de tránsito, obstrucción de paso, disminución de
servicios públicos, daños en edificaciones aledañas a las obras y destrucción
de la arboleda de alineación" son algunos de los problemas que mencionaron como
perjudiciales para la calidad de vida.
Desde el grupo
"Amparo Ambiental Chacarita", realizaron un "mapeo" que detectó al menos 300 terrenos
en obra, en proceso de demolición o en venta. "Esto es una barbaridad en lo que
es el perímetro de este barrio que es chico", subrayó Sol, integrante del grupo
vecinal. La mujer dijo que observan "con preocupación el escenario actual y
poco alentador", tras lo cual consideró vital el avance en la Legislatura del
debate para cambiar la normativa.
Para la
agrupación vecinal "Devoto Unido", la implementación del nuevo Código "hizo que
incrementara entre un 300 y un 700 % la capacidad constructiva y ello
provocó la pérdida de la identidad de casas bajas de nuestro barrio".
Mientras
aguardan la llegada del proyecto del Ejecutivo a la Legislatura -algo que de
acuerdo a fuentes del Gobierno porteño recién podría ocurrir en el segundo
semestre- los colectivos vecinales concurren todas las semanas al Parlamento
para visitar cada uno de los despachos. Allí, requieren a los representantes
que pongan, al menos, en debate el paquete de proyectos que elaboraron desde
los barrios para frenar la ola inmobiliaria.
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La oposición afinaba el lápiz y seguirá sacando cuentas hasta el miércoles próximo, cuando está convocada la sesión en la Cámara de Diputados, para comprobar si le alcanza para juntar dos tercios, doblegar el veto del presidente de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y, así, dejar vigente la norma.