Para muchas y muchos sobrevivientes y familiares de víctimas de Cromañón, todos los días son un poco el 30 de diciembre. A veces es un segundo, una imagen que vuelve, una sensación en el cuerpo. Para Andrea, que logró escapar del incendio cuando tenía 16 años, eso mismo cobra la forma de un expediente judicial, de una pila de papeles y burocracia, de llamados a un abogado que no responde, de impunidad. Hace más de una década que inició una demanda por daños y perjuicios contra el Estado, como lo hicieron tantos otros, antes y después. La causa quedó cajoneada, sin que ella, ahora que tiene 35, sepa muy bien por qué. Su caso destapó un cuello de botella judicial. Según un informe de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia en base a información de la propia Corte Suprema al que accedió El Editor, hay al menos tres mil demandas civiles cajoneadas en los juzgados que esperan desde hace años algún tipo de reparación.

"Es un número enorme que ronda la mitad de la gente que, se estima, estuvo ese día en Cromañón. Y si el Estado no interviene, se va a consolidar un abandono muy grave para toda una generación y también para los familiares", explicó a este medio Gabriela Carpinetti, directora nacional de Acceso a la Justicia.

Espacio de Memoria de Cromañón. Fotos: Silvana Colombo.

El caso de Andrea (su nombre real fue resguardado) puso en evidencia la situación. Una tarde de invierno del 2022, se acercó a uno de los Centros de Acceso a la Justicia de San Martín, en busca de una solución. Su testimonio llamó la atención de los funcionarios que trabajan en el organismo, que convocaron a las organizaciones de sobrevivientes y familiares, que contaron que no era aislado, sino más bien todo lo contrario: no era la excepción, sino la regla. A partir de entonces se inició un proceso de coordinación que derivó en la presentación, el 19 de diciembre de ese año, de un pedido de acceso a la información ante la Corte que surgió de la dirección a cargo de Carpinetti.

"A partir del caso de una mujer que se acercó al CAJ de San Martín impulsamos una acción colectiva. Nos encontramos con un universo de 2.300 juicios sin sentencia. Algunos casos vienen desde los primeros años después de la tragedia", precisó la funcionaria, que adelantó que se presentará un proyecto de ley para agilizar el cauce de las demandas, con la idea de replicar casos de reparación histórica como los del Ara San Juan y de la represión del 19 y 20 de Diciembre de 2001.

El cuello de botella se produjo por tres razones, explica Carpinetti. El primero es el gasto para litigar, que muchas veces no es asumible para los familiares o sobrevivientes. El segundo es que los peritos de parte no actúan o hay que pagarlos, y también están fuera de alcance. Y el tercero es el abandono de algunos abogados particulares, que dejan de seguir las causas porque no encuentran rédito económico. Hasta ahora, el Poder Judicial no movió de por sí un pelo para resolver esas deficiencias.

Foto: Silvana Colombo

"Volver a hacer el peritaje es revicitivizante. Una compañera lo tuvo que hacer ocho veces y encima se lo impugnó la contraparte, osea tanto el Estado nacional como el Gobierno de la Ciudad la pusieron en esa situación. Por ese motivo, su juicio no puede avanzar y sigue sin una reparación", describió a este medio Nicolás Pappola, sobreviviente y miembro de la organización El Camino es Cultural.

"También sucede que los fallos firmes, que salieron, con el paso del tiempo quedan desactualizados y desfasados por la inflación. Hay cifras de indemnización irrisorias, de 150 mil pesos. Muchos presentan amparos para que la indemnización no tenga los valores de hace diez o más años, y se los rechazan. Pero cuando ese amparo avanza, se actualiza según la tasa pasiva de interés del Banco Nación. Queda licuado", agregó Pappola.

El tema, de todos modos, no es nuevo. Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) ya había advertido en 2011, hace más de una década, sobre varias deficiencias en la Procuraduría porteña en el seguimiento de los juicios. Para entonces ya se reportaban unos 1400 litigios en su etapa inicial. A fines del año pasado, un grupo de familiares pidió una audiencia con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para reclamarle por el retraso respecto de la inflación de los montos de los subsidios, pero no obtuvieron respuesta.

Los nombres de las 194 víctimas permanecen en las paredes de la calle Bartolomé Mitre. Foto: Silvana Colombo.

Los sobrevivientes también impulsan, entre otras iniciativas, que el edificio donde funcionó el boliche administrado por Omar Chabán sea reconvertido por el Estado en un sitio por la Memoria. En octubre del año pasado, el Congreso sancionó una ley que expropia el inmueble para darle ese destino, pero todavía no fue reglamentada. Lo que traba el proceso es, otra vez, un escollo de tipo burocrático-político: resta que el Ministerio de Justicia sea designado como el sujeto expropiante y habilite a familiares y sobrevivientes a ingresar y construir un espacio cultural abierto con el objetivo de generar conciencia para que una tragedia como ésa no vuelva a suceder.

"Falta decisión política para avanzar", cuestiona Pappola. El tema se coló durante la última rendición de cuentas del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, frente a Diputados. "Me comprometo a trabajar en el tema", prometió Rossi.