Luis Caputo, el hombre que implementa las políticas de ajuste del gobierno nacional, se recibió de economista en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Federico Sturzenegger, la persona que redactó el mega DNU que desreguló de un plumazo sectores clave de la economía argentina, se licenció en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Emilio Ocampo, el asesor que diseñó el plan de dolarización que tanto le sirvió a La Libertad Avanza en la campaña electoral, también se recibió en la UBA. Demián Reidel, presidente del flamante Consejo de Asesores Económicos del gobierno, es un físico egresado del Instituto Balseiro, una reconocida institución pública vinculada a la Universidad Nacional de Cuyo y ubicada en Bariloche.

La lista de funcionarios formados en universidades públicas sigue, pero a pesar de ello el Poder Ejecutivo decidió desfinanciarlas. ¿Habrá influido que Javier Milei sea uno de los dos únicos presidentes en la historia argentina que egresaron de una facultad privada? El otro es Mauricio Macri, el socio político con el que se alió para garantizarse la victoria en el balotaje presidencial. ¿No se dan cuenta de que asfixiar a la universidad pública es pegarse un tiro en el pie?

Fotos: Silvana Colombo.

El desconocimiento de Milei respecto de la vida universitaria en las instituciones públicas quedó en evidencia cuando la última semana decidió atacarlas desde las redes sociales acusando a sus autoridades por "adoctrinamiento" mientras compartía imágenes de afiches pegados en las carteleras. Quien camine por los pasillos de una facultad estatal podrá ver que allí es donde las agrupaciones estudiantiles se manifiestan. Incluso se ven las firmas de algunas en las fotos citadas por el mandatario libertario. Pero parece que en la batalla cultural de Milei los hechos son secundarios.

La misma acusación de "lavado de cerebro" que el presidente atribuye a las universidades públicas se contradice con el currículum detallado arriba de su equipo de gobierno. Al menos ese "adoctrinamiento" no funcionó con el ministro de Economía, cuya firma aparece al pie del decreto que obligó a las universidades públicas a funcionar este año con el presupuesto de 2023, que había sido calculado el año anterior previendo una inflación del 60 %. Desde entonces el Índice de Precios al Consumidor del INDEC marcó un aumento acumulado de 371 %. La formación pública tampoco condicionó a sus funcionarios para aprobar aumentos en las tarifas que significaron un incremento de 577 % interanual en la factura eléctrica de la UBA, como denunció su vicerrector, Emiliano Yacobitti.

Fotos: Silvana Colombo.

Alberto Benegas Lynch, considerado por el presidente como prócer e impulsor de la corriente liberal libertaria en el país, egresó de la UBA. Su hijo, quien acuñó la definición de liberalismo que el presidente repite en casi todos sus discursos, dictó clases en una materia optativa dedicada al pensamiento de la escuela austríaca en la Facultad de Ciencias Económicas de esa casa de estudios, constituyendo otro testimonio de la libertad de cátedra que reina en la institución y que el actual mandatario niega como argumento para desprestigiarla. La UBA es, de hecho, la universidad mejor rankeada del país en el ranking internacional QS, sosteniéndose en el top 100 global desde hace años y siendo la única "pública, masiva, intensiva en investigación y gratuita en alcanzar esta posición".

En contradicción evidente con lo que expresa el gobierno nacional, desfinanciar la universidad pública es, fundamentalmente, atentar contra el desarrollo del país. Los datos del INDEC prueban que la tasa de desempleo disminuye cuanto mayor es el nivel de instrucción de las personas. También demuestran que los ingresos medios de la población con formación universitaria son superiores a los que alcanzaron menor nivel educativo. Y esas personas, en su enorme mayoría, se graduaron en la educación pública.

El Departamento de Información Universitaria le puso cifras precisas: cuatro de cada cinco estudiantes universitarios del país concurren a instituciones públicas. Y la estadística es todavía mayor fuera de los centros urbanos. En el noreste del país, una de las regiones con mayor pobreza, el 87 % de los que cursan carreras de grado lo hacen en facultades públicas. ¿Cómo harán sus habitantes para cambiar su suerte si las universidades estatales no pueden abrir sus puertas? En la patagonia, la zona menos densamente poblada del país, el porcentaje de estudiantes de grado en instituciones públicas sube hasta el 97 %. ¿Adónde estudiarán si estas se quedan sin recursos?

Foto: Silvana Colombo.

La gratuidad universitaria, también amenazada por las propuestas liberales del gobierno, es determinante para que Argentina tenga una mejor proporción de estudiantes universitarios respecto de los países vecinos. Según el Centro de Estudios de la Educación Argentina, aquí tenemos 557 alumnos universitarios por cada 10 mil habitantes. Un 36% más que en Brasil (408) y un 62% más que en Chile (355). La ecuación cambia, lamentablemente, cuando analizamos la proporción de graduados. Allí ambos países vecinos nos superan ampliamente. Pero que haya cuestiones académicas por mejorar para garantizar un mayor número de egresados debería implicar un mayor foco en su desarrollo, no un desfinanciamiento. De hecho, la formación que brinda nuestro país es uno de los valores por los que es conocido en el mundo. La UNESCO, por ejemplo, destacó que Argentina es el país con mayor cantidad de estudiantes universitarios extranjeros en la región. Y, a pesar de ello, apenas representan el 3,9% de la matrícula.

La educación pública gratuita ha sido hasta hoy un pilar de la identidad argentina. Por eso se espera que el martes 23 de abril sean cientos de miles las personas que se manifiesten en todo el país en su defensa. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad doctorada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín, enfrentará entonces otro gran desafío. ¿Se atreverá a aplicar el protocolo antipiquete contra una manifestación pacífica a favor de la educación pública? ¿Cómo impactará en la imagen del gobierno su cruzada en contra de una de las principales herramientas que ofrece el Estado para el ascenso social? ¿Se dará cuenta Milei de que está pegándose un tiro en el pie? Los datos hablan por sí solos. Pero parece que el gobierno no la ve.