De a poco, de manera casi imperceptible y sin hacer mucho ruido, el Gobierno porteño fue convirtiendo al Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda, en una cárcel más de la Ciudad de Buenos Aires. La guardia cada día se parece más a una alcaidía que a un servicio de salud: patrulleros en el patio de ingreso, policías con sus armas reglamentarias en el hall interno y rejas de hierro para separar los distintos servicios son parte del paisaje cotidiano con el que tienen que convivir desde hace meses los pacientes y el personal médico. Pero la fisonomía intramuros es sólo una parte del problema, apenas el escenario de lo que sucede a nivel humano: cada vez son más los presos comunes que, por orden y presión política de los juzgados en lo criminal y correccional de Nación y la Ciudad, son alojados de manera compulsiva, haciéndolos pasar por internos con padecimiento psíquicos.

"La situación es desesperante y en cualquier momento va a pasar una tragedia", describe uno de los médicos en diálogo con El Editor. "Ya no sabemos a quién recurrir. Los profesionales estamos siendo extorsionados para convertir al Borda en una cárcel, con los riesgos que ello implica para nuestra integridad y la de los pacientes", resalta.

Fotos: Silvana Colombo.

Según denuncian los trabajadores del hospital, dada la situación, el personal de salud se ve forzado a realizar entre 13 y 20 evaluaciones judiciales por turno, entre 120 y 140 por semana. Básicamente, los obligan a cumplir tareas "periciales", como si trabajaran para el servicio penitenciario más que para el sanitario. El número da cuenta de la magnitud del problema, e "implica que la guardia esté abarrotada todo el tiempo de móviles judiciales, con la pérdida de recursos humanos que deberían estar atendiendo a pacientes reales en lugar de a los que se inventa la justicia", relató otra fuente vinculada al Borda.

Por si los profesionales se niegan a las internaciones compulsivas, la Justicia ya operó un sistema de extorsión: tres trabajadores del hospital afrontan un juicio oral por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Uno de ellos lo explicó así: "Se nos pone de algún modo en una situación dramática y sin salida: o acatamos la orden judicial y cometemos un delito, o cumplimos la ley pero nos inician un proceso penal. A la vez nos vemos expuestos a realizar una privación de la libertad a un sujeto que no debe estar internado".

Rejas en la puerta de acceso al Servicio admisión 2. Foto: Silvana Colombo.

En ese contexto, los trabajadores sienten cada vez más presión para mirar para otro lado. Según el relato de uno de ellos, hay entre 7 y 15 consignas policiales todos los días en los distintos sectores del hospital. "Es ilegal que estén con armas", relata.

Otro de los problemas es la violencia. "Los presos comunes amenazan y le pegan tanto a los pacientes como a los profesionales", dicen. Al que se agrega, también, que las comisarías ahora usan la farmacia del hospital para solicitar calmantes y otros medicamentos psiquiátricos para llevarlos a las alcaidías. "La farmacia del Borda es la farmacia del sistema penitenciario", describen.

Fotos: Silvana Colombo.

Una "comisaría" para aliviar la crisis penitenciaria

Según datos de la procuración, durante el segundo semestre de 2023 había 9 mil personas detenidas y alojadas en las distintas dependencias de la Policía de la Ciudad. Las comunas 1, 3, 4 (donde está ubicado el Borda) concentraron más del 50 % del total de detenciones con alojamiento.

Ese incremento de la población carcelaria derivó en una crisis de colapso: en lo que va del año se produjeron 12 fugas de las comisarías y alcaidías porteñas, lo que puso al jefe de Gobierno, Jorge Macri, a dar explicaciones sobre un asunto incómodo. Junto a la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, anunció la semana pasada la construcción de una alcaidía con capacidad para 2000 en Villa Soldati, pero mientras tanto, el problema de la superpoblación sigue creciendo.

"Todo lo que camina por la calle, ahora, lo internan", ironiza un trabajador del Hospital, que vincula la superpoblación carcelaria porteña con la conversión del Borda en una nueva alcaidía.

Foto: Silvana Colombo.

Un disparo con arma de fuego

En septiembre de 2022, un efectivo de la Policía de la Ciudad ingresó armado al Servicio 2 del Hospital, ubicado en el segundo piso del ala central del edificio. Tenía bajo su custodia a un paciente que en su momento denunció haber sido abusado. Ambos -interno y policía- quedaron solos en un momento, dentro de una de las salas. Por la hora y el día, había poco personal, y la guardia la estaban cubriendo suplentes. Fueron ellos quienes oyeron el disparo de arma de fuego, que por milagro no mató a nadie. El hecho no tuvo ninguna consecuencia judicial y prácticamente no trascendió.

Cuando llegaron al lugar, trabajadores del hospital se encontraron con la marca del proyectil en el suelo, y un impacto de uno de los lockers, que quedó destruído.

"De mínima, lo que nosotros pedimos, y lo venimos haciendo hace años sin que nos den pelota, es que los policías no tengan armas de fuego dentro del hospital. Hay pacientes que pueden tener una crisis dentro de su patología, y si ven un arma, puede ser hasta un disparador de esa crisis", denuncia.

"Los policías que entran acá tampoco tienen formación en salud mental. Pero tampoco podemos seguir internando a presos comunes contra nuestra voluntad, porque de una manera u otra vamos a terminar con problemas. La situación no da para más", reclaman.