La falta de suministro es un problema recurrente en la agenda política. Los sistemáticos cortes de luz se convirtieron en un problema para las y los vecinos, pero el contrato data de 1992 y extiende la cesión del servicio por 99 años.

Ahora, por primera vez en 30 años, la Secretaría de Energía instruyó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) a realizar un informe de desempeño de la empresa Edesur para evaluar sus reiterados incumplimientos y conductas para con las y los usuarios, y la "correspondiente evaluación de los actos a seguir", según consignó un documento compartido por el ente. Se trata del primer paso de una posible quita de concesión contra una firma que se encuentra en la lupa de la sociedad.

Luego de los cortes masivos en el AMBA, altos funcionarios del área energética del Gobierno, como Flavis Royon, deslizaron la posibilidad de quitar la concesión a Edesur. La relación es cada vez más tensa y no parece tener vuelta atrás.

Parece ser un peloteo de quién tiene la culpa. Primero, las empresas prestadoras de servicio realizaron duras críticas sobre el esquema de aumentos de la tarifa eléctrica, pero desde el Ejecutivo no se quedaron atrás y les respondieron duramente a los reclamos para subir los costos que deben abonar las y los usuarios. El cruce de posturas tuvo lugar durante el desarrollo de la audiencia pública virtual convocada por el organismo regulador para analizar la "adecuación transitoria de tarifas de distribución de energía eléctrica".

En referencia a las declaraciones del CEO de Enel, Francesco Starace, quien en una disertación en la Escuela de Negocios de Harvard había asegurado que la Argentina "tiene la regulación más bizarra del mundo", el funcionario del ENRE fue tajante y respondió: "Lo bizarro es pretender tarifas del primer mundo ofreciendo servicios del tercer mundo".

De hecho, los municipios avanzaron en pandemia en la conformación de mesas técnicas tripartitas para elevar planes de trabajo y exigir la mejora del servicio a la empresa distribuidora con ejes claros. El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, llegó a presentar formalmente un pedido de rescisión del contrato a Edesur. Sin embargo, nunca avanzó a ser una solicitud formal desde el ámbito nacional.

Ahora, con la intención de que se investigue la conducta de la empresa por la posible comisión de delitos a raíz del apagón que dejó sin servicio a más de 180 mil usuarios de la Provincia el último fin de semana, la Defensoría del Pueblo bonaerense realizó una denuncia penal a Edesur ante la Justicia Federal.

El organismo solicitó que se investigue a la empresa para determinar si existieron incumplimientos en la prestación del servicio, además de exigir que se averigüe si falseó información pública a la hora de justificar su accionar por los cortes de las últimas horas.

"Denunciar a Edesur por los apagones en verano es algo que se repite todos los años, lo que habla de un hecho que ya superó todos los límites. Estamos ante una empresa que no realiza las obras necesarias para dar un servicio de calidad y en esa falta afecta a miles de personas, sobre todo a las más vulnerables. Es una situación que debe terminar de una vez", aseguró Lorenzino.

Esta presentación se suma a las denuncias que la Defensoría realizó en los últimos años ante los organismos competentes por la mala prestación que hace Edesur de un servicio público esencial como es la electricidad, donde pidió que se le quite la concesión a la empresa por su accionar negligente.