-¿Así que sos de Varela, pedazo de villero? A vos te vamos a dar un balazo, como a tu amigo- le dijo Sebastián Baidón, oficial de la Comisaría 4D de la Policía de la Ciudad, a Joaquín Zuñiga, mientras lo mantenía reducido sobre el asfalto.

Baidón pronunció aquella amenaza en medio de una escena digna de The Rati Horror Show. Mientras esposaba a Joaquín para llevárselo detenido, otro grupo de efectivos se las arreglaba para plantar una coartada alrededor de un Wolkswagen Suran que había recibido 20 disparos producto de una persecución demencial de la brigada. Uno de los tiros impactó en la cabeza de Lucas González, que se desangraba dentro del coche. Eran las nueve de la mañana del 21 de noviembre de 2021.

Más de un año y medio después, el martes 11 de julio de 2023, Baidón fue uno de los 14 policías que debieron sentarse en la sala AMIA de Comodoro Py a la espera de que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 25 leyeran la sentencia por el crimen de Lucas. Gracias, en parte, al testimonio de Joaquín, el fallo es condenatorio. Baidón recibió la pena de ocho años, por los delitos de encubrimiento, torturas, falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad. Otros tres policías, los autores materiales -Gabriel Isassi, Fabián López y Juan José Nieva, todos miembros de la División Brigadas y Sumarios 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad- fueron condenados a prisión perpetua.

Los jueces también reparten otras cinco condenas por encubrimiento y otras cinco absoluciones. El fallo es "histórico", como lo califica ante los micrófonos el abogado de la familia, Gregorio Dalbón: por primera vez, un tribunal incluye el "odio racial" como agravante en un caso de gatillo fácil. "Es una sentencia sin precedentes: no sólo establece que a Lucas lo mató el Estado, en este caso el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, sino que el crimen se cometió por racismo. A Lucas lo mataron por su color de piel", dice a este medio Dalbón.

El fiscal general del juicio, Guillermo Pérez de la Fuente, explicó ante los micrófonos que los policías condenados iniciaron la persecución al coche donde viajaban los chicos "con el peor de los prejuicios", a partir de "conclusiones inexplicables". En concreto, como salían de entrenar en un club cerca de un barrio popular (Barracas Central, lindante con la villa 21-24), se los confundió con narcos. "Como los chicos salían de un barrio carenciado, como tenían la tez más o menos oscura, como usaban gorrita, como usaban un auto, los llevó a concluir en el peor prejuicio: que estaban armados, que eran peligrosos y que estaban en la comisión de algún delito", describe Pérez de la Fuente.

El propio Joaquín había contado su experiencia durante su declaración como testigo. "Nunca me leyeron los derechos. Intenté explicarles que no era un ladrón, que soy futbolista, pero me gritaban y me amenazaban, mientras Lucas se moría", detalló. Después señaló a Baidón, que ese día estaba presente en la sala, vestido con un saco rojo.

Familiares de Cristian "Paragüita" Toledo. Foto: Correpi.

Gatillo fácil

Un rastreo por los casos de gatillo fácil en la Ciudad de Buenos Aires durante los últimos años --desde 2016, cuando se creó la policía local- permite trazar una línea divisoria muy clara: las víctimas son casi siempre las mismas. Mejor dicho: son casi siempre los mismos, porque los que caen a manos de las balas policiales son en su mayoría varones, y en casi todos los casos son varones jóvenes, y pobres.

El Mapa de la Policía, una iniciativa ciudadana que busca llevar transparencia sobre el funcionamiento de la fuerza, realizó un relevamiento de los casos de gatillo fácil cometidos por efectivos porteños dentro del territorio de la Ciudad. El conteo dió 38 casos: el crimen de Lucas es el último que se conoce. De ese total, 20 ocurrieron en barrios del sur, los de menores recursos. Un tercio del total, además, se dieron dentro o en las inmediaciones de los barrios populares. Y el 71 por ciento de las víctimas (27 de 38) fueron varones que tenían menos de 35 años cuando fueron asesinadas: siete eran menores de 18 años, nueve tenían entre 18 y 25 años y otros once entre 25 y 35 años. El barrio más castigado es Lugano, con seis casos en total, uno por año.

Los números le dan sustento a lo que el fallo del caso Lucas puso sobre la mesa, con la salvedad de que la mayoría de las veces el "odio racial" -e incluso la responsabilidad del Estado en las muertes de los pibes- no encuentran un cauce o una reparación en la justicia. De hecho, hasta la sentencia de la semana pasada, solo dos de los policías de la Ciudad devenidos en asesinos fueron habían sido condenados a prisión perpetua: Sonia Soloaga, que protagonizó una entradera en la que mató a una pareja de jubilados, Alberto Antonio Chirico y María Delia Esperanza, en 2019; y Adrián Otero, por el homicidio en 2017 de Cristian "Paragüita" Toledo Medina.

María del Carmen Verdú, referenta de la Coordinadora contra la Represión Institucional (Correpi), compara el de Lucas González con el del "Paragüita" Toledo. El 15 de julio del 2017, "Paragüita" volvía de bailar en un auto con dos amigos, cuando Otero, enojado porque no le cedieron el paso, se puso a la par y comenzó a disparar. Una de las balas atravesó el pecho del joven y lo mató. El hecho se produjo a pocas cuadras de donde mataron a Lucas, en las inmediaciones de la 21-24. "El fusilamiento de Lucas fue casi calcado al del Paragüita. La diferencia con Lucas, y con el 99 por ciento de los casos de gatillo fácil, es que con Lucas se pudo desarmar la versión policial gracias a la intervención de los medios", dice Verdú .

El de paragüita demás, fue el primer caso en que se pudo aplicar la pena tipificada en el inciso 9 del artículo 80 del Código Penal como "homicidio agravado por la condición especial del autor", es decir gatillo fácil, a un efectivo de la Ciudad. "Lo histórico del caso Lucas es que se haya aplicado el código 80, que nos cuesta horrores que jueces y fiscales apliquen, que buscan otras figuras de homicidio, incluso con otros agravantes que llegan a la misma pena, pero esquivan a esta figura que pone al Estado en el centro", explica Verdú a El Editor. "O como el caso de (Luis) Chocobar, por ejemplo, que le aplicaron exceso en los deberes de funcionario público".

"El odio racial prefiero denominarlo odio de clase, porque más que una cuestión étnica tiene que ver con una cuestión social. Además, seguramente, alguno de los policías es tanto o más morocho que el propio Lucas. No quiero minimizar la cuestión del racismo, pero si la portación de rostro del pibe con visera, el que es definido como el peligroso, el marginal. Lo que pasa es que esa figura no existe en el código penal, no se le ocurrió a los legisladores nunca incluirlo, en cambio si existe odio racial o religioso y por eso los jueces fueron por esa vía. Nunca se había aplicado, pero lo central fue la aplicación del artículo 80", describe Verdú.

Tanto Lucas como Joaquín eran, efectivamente, de Florencio Varela. Lucas del barrio San Eduardo, Joaquín de la zona del cruce de Varela. Fuera del territorio porteño, en barrios como esos, viven buena parte de los agentes porteños, que son los que más disparan cuando están fuera de servicio. Un informe realizado por la Asociación contra la Violencia Institucional (ACVI) demostró que los agentes de la Policía de la Ciudad dispararon 133 veces en 2019 y otras 103 veces en 2020 con armas de fuego del otro lado de la General Paz, en la Provincia de Buenos Aires. Muchísimo más que en la Ciudad.

La mayoría de los casos, 4 de cada 5, en que los policías porteños dispararon en la provincia de Buenos Aires, estaban fuera de servicio, es decir, estaban cerca de sus barrios residenciales.

La cuestión del territorio excede por mucho a las fronteras porteñas. "Las fuerzas punitivas de la Ciudad y de todo el país ejercen una fuerte discriminación social. Yo diría que es un vicio el que tienen los policías de cebarse contra los más desprotegidos, contra los que van a reclamar, los que no tienen para pagar un abogado", dijo Luciano Peretto, abogado que lleva adelante las querellas de varias causas por gatillo fácil, entre ellas la de Facundo Castro, secuestrado y desaparecido el 30 de abril de 2020 en un retén en Mayor Buratovich, cerca de Bahía Blanca, en la Provincia de Buenos Aires.