En el primer día hábil de enero de este año se difundió en los medios que una nena de 12 años que había solicitado una ILE tras haber sufrido abuso sexual de parte de su padre era activamente buscada en toda la capital provincial por trabajadoras del Estado.

Los hechos ocurrieron en la zona rural de Garibaldi. La niña tenía un turno en el Iturraspe para acceder a una ILE pero, llegada la hora de la cita, no apareció. El último contacto con ella de parte del equipo que la venía asistiendo fue el 30 de diciembre. Luego de eso, una vecina invitó a la menor con su madre a una misa de año nuevo en la localidad de María Juana. Y allí, en la parroquia Santa Juana Francisca, le dedicaron la homilía al hablar del "milagro de la maternidad". "Nadie duda hoy del aporte que hace la mujer al contexto sociocultural, pero hay algo primero: Dios la llama a vivir la maternidad", dijo el cura Jose Luis Riberi, entre otros comentarios similares.

Ese lunes la Justicia llamó a declarar a referentes de Grávida para que indicaran cuál era la ubicación de la menor y de su madre. Esa misma tarde, la Secretaría de la Niñez ya tenía conocimiento de que ambas estaban en 9 de julio 2663, un lugar conocido como Casa Hermanas de Betania que la ong usa a veces para alojar embarazadas. Sería una propiedad del Arzobispado.

Recién el martes, desde la Secretaría de Niñez se lanzó una medida de protección excepcional para tener a la menor bajo la órbita del Gobierno. A la Casa Hermanas de Betania la allanaron con personal de la Agencia de Investigación Criminal. La niña y su madre fueron encontradas allí y contenidas por un equipo interdisciplinario.

Por último, el viernes de esa misma semana se hizo el procedimiento de ILE en el Iturraspe, por pedido de ambas. Mientras esto ocurría, en los Tribunales fue confirmada la prisión preventiva de Gustavo Miguel A., el padre abusador de la niña, que quedará detenido hasta el juicio. Lo imputaron por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la guarda.

Dudas

El caso disparó una gran cantidad de cuestionamientos sobre el primer fiscal que tuvo a cargo la investigación, los equipos de género y, especialmente, sobre la secretaria de la Niñez, Patricia Chialvo, tanto por su gestión como por sus relaciones con actores de Grávida.

Diputados y diputadas, tanto verdes como celestes, coincidieron en cuestionar cómo son los acompañamientos en estas situaciones de alta vulnerabilidad social, con víctimas menores de edad que sufren diversos tipos de violencias.

Hubo al menos tres presentaciones de diferentes legisladores dirigidas al gobernador Omar Perotti para que se detalle qué clase de vínculo hay entre el Estado y Grávida y también para que se explique cómo fueron las intervenciones de las distintas áreas del gobierno.

Es que la madre de la niña había hecho denuncias por violencia de género en julio de 2022 en la fiscalía de San Jorge pero Gustavo Miguel A. recién tuvo pedido de captura el 2 de enero de 2023 -casi medio año después- a raíz de que no encontraban a la niña y porque la investigación pasó a la Unidad Fiscal de Género. Familiar y Sexual. Es decir que, a pesar de haber sido denunciado dos veces, nunca se lo había mandado a detener. Incluso en el documento policial del 19 de diciembre de 2022, donde se da a conocer el abuso sexual y el embarazo, está declarada por las víctimas la dirección en Recreo donde el hombre trabajaba. En ese mismo lugar fue capturado en la tarde de ese lunes.

Según se anunció a través de medios locales afines al gobierno provincial, la secretaria Chialvo recibirá el 16 de enero a las diputadas de la Comisión de Género, Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados y Diputadas para responder preguntas. Y el lunes de esta semana el gobierno provincial informó que denunció penalmente a Grávida por obstaculizar el acceso al aborto no punible.

Reincidentes

El 17 de mayo de 2007, Ana María Acevedo falleció en el hospital Iturraspe. Tenía veinte años y tres hijos. Cursaba además un embarazo de pocas semanas y tenía, también, cáncer en el maxilar. Para poder tratarse necesitaba un aborto. Pero no lo tuvo. "Por convicciones, cuestiones religiosas, culturales, en este hospital (y en Santa Fe) no se realizan abortos", le respondió el Comité de Bioética del nosocomio. No le hicieron el tratamiento porque estaba embarazada, y la obligaron a tener una cesárea en el tramo final de su agonía. Ana murió, el feto también. Y tres chicos se quedaron huérfanos.

Ana Maria Acevedo tenía tres hijos, veinte años, un cáncer y un embarazo en curso. En el Hospital Iturraspe no la dejaron acceder a una ILE. Ana murió entre alaridos y el feto, también. Su caso dio la vuelta al mundo y el testimonio de su mamá en el Congreso de la Nación durante el debate por la ley de IVE fue decisivo para la sanción de la norma.

Por ese entonces, el director de la institución era Andrés Ellena, la ministra de Salud era Silvia Simoncini y el gobernador de la provincia era Jorge Obeid. Desde entonces, la cara de Anita se convirtió en emblema por la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en todo el país.

Algunos médicos y personajes anti derechos que actuaron aquella vez para impedir el derecho previsto desde hace más de cien años en el Artículo 86 del Código Penal están vinculados con la misma ONG que intervino en el caso de la nena en 2023.

El ginecólogo de Grávida que atendió a la niña de Garibaldi es Raúl Dalla Fontana. Salió en medios locales y nacionales para defender su consulta. Reconoció públicamente que le dijo a la nena a la que atendió una vez por 20 minutos de videollamada que el parto, de realizarse, no conlleva peligro de muerte como sí se lo indicó un equipo de salud de la comuna de Garibaldi y del hospital de Rafaela.

"A esta niñita se le dijo que tenía serios riesgos de morir en el parto, que la cesárea era imposible porque era muy chiquita, que tenía una infección..." contó Dalla Fontana sin explicar por qué consideró que la nena se encontraba fuera de peligro cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) certifica desde hace años que un parto antes de los 15 años multiplica por cuatro las chances de morir.

Dalla Fontana tiene 32 años de empleado del Ministerio de Salud. Tuvo cargos en la cartera durante el gobierno de Obeid y hasta 2019 fue asesor de la por entonces diputada Chialvo en la Comisión de Salud. "Los jueves a la mañana teníamos reunión y yo asesoraba. Y no estábamos en desacuerdo, nunca tuvimos discusiones al respecto", le dijo el médico a la periodista Laura Vilche este miércoles.

Para este año se espera una nueva sentencia de la justicia santafesina sobre otro caso en el que intervino Grávida en 2015. Esa vez, obstaculizaron la interrupción del embarazo a otra nena violada que también tenía doce años. En ese caso, María Belén Catalano - una psicóloga de la organización- fue al hospital Iturraspe donde "clandestinamente se hizo pasar como miembro de la Subsecretaría de la Niñez de la provincia para ganarse la confianza de la madre y la niña", según denunció el Colegio de Psicólogos de Santa Fe antes de sancionarla. La niña no pudo acceder a la ILE, terminó de cursar el embarazo y entregó al recién nacido en adopción. El nuevo fallo deberá decir si el dictamen del Tribunal de Ética del Colegio fue pertinente o no.