La gira mediática de Javier Milei en la previa a su asunción presidencial generó preocupación en múltiples sectores, del que no estuvo exento la vivienda. La intención de derogar la Ley de Alquileres o la negativa a implementar cambios que beneficie a quienes tomaron créditos UVA, ha puesto en pie de igualdad a inquilinos e hipotecados que se sienten parados sobre hielo frágil.

El posible escenario de estanflación que anticipó el presidente electo, con un significativo aumento de la inflación y caída de la actividad económica, lleva a que se espere un golpe considerable en el poder adquisitivo de las familias. Si se prescinde de regulaciones estatales, el impacto en las condiciones de vida no tardaría en sentirse.

Según las cifras del Censo 2022, 8 millones de personas alquilan en Argentina. Por su parte, los tenedores de créditos ajustados por la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) ascienden a más de 100 mil. La inestabilidad económica se traduce en miedo y angustia a perder el techo, con montos a pagar que aumentan al ritmo de una comprometida situación macro.

El escenario se completa con una crisis habitacional que afecta a amplios sectores de la población. Sin acceso a créditos hipotecarios, limitada oferta de inmuebles en alquiler, precios que se dolarizan y un mercado temporal que avanza sobre las viviendas disponibles, es un contexto complejo que podría profundizarse si el sector se desregula.

¡Ley de Alquileres, afuera!

Horas después de su triunfo en el balotaje, Javier Milei expresó en declaraciones radiales su interés por derogar la normativa vigente. El sector inmobiliario celebró su visión de que un alquiler debe ser considerado un contrato entre partes y que regular el mercado solo perjudicó a quienes trataba de ayudar. El colectivo de inquilinos, por su lado, encendió las alarmas.

La ley rige desde el mes de octubre de este 2023, cuando el Gobierno promulgó una serie de modificaciones a la que se había sancionado en 2020. La norma renovada estableció que los contratos tendrán una duración de tres años, se pactarán en pesos y se actualizarán cada seis meses.

"La situación es sumamente preocupante. Ya el anuncio de derogar implicó que miles y miles de inquilinos en todo el país no puedan firmar contrato y que, por lo tanto, estén con un pie en la calle", asegura Juan Arrizabalaga, referente de la Federación de Inquilinos Nacional, en diálogo con El Editor.

Desde su espacio, aseguran que liberar al mercado de un control estatal supondría un aumento exponencial de los precios y una tendencia hacia la dolarización, lo que profundizaría la desprotección del que alquila. Contratos libres e imposibilidad de planificar, desconocer si se conseguirá una vivienda y, si se la encuentra, cómo se la paga. La "ley de la selva".

"Nosotros somos la parte débil y siempre vamos a estar en desventaja", asegura Glenda Gómez, presidenta y fundadora de la Asociación Civil Inquilinos Argentinos por un Techo Digno. En diálogo con este medio reconoce que el Gobierno saliente tampoco pudo dar soluciones concretas a los problemas que comparten millones. "Una ley que todavía no está implementada del todo y ya la quieren derogar", se lamenta.

¿El Mercado te salva?

Desde el sector empresarial, por el contrario, aseguran que las perspectivas son buenas de cara al Gobierno de Javier Milei. Esperan un crecimiento inmobiliario, a la vez que plantean una necesidad de derogar o directamente modificar la ley vigente, dado que si pierde validez la del mes de octubre quedaría en pie la del 2020, a la que también se oponen.

"Conceptualmente nosotros creemos que hay que desregular el mercado de alquileres y generar incentivos para que el sector privado cree mayor oferta de inmuebles", expresa en diálogo con este medio Iván Ginevra, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, quien también brindó su mirada respecto a la situación de los que alquilan.

"La preocupación de los inquilinos es genuina, pero el problema no está en la regulación del mercado. El problema es la falta de poder adquisitivo que vive la gente cuando va al supermercado o tiene que comprar cualquier cosa", expresa el directivo, y remata: "La solución está en acomodar la macroeconomía, la inflación y el poder adquisitivo, no en regular el mercado que genera el efecto contrario al disminuir la oferta inmediatamente".

Maximiliano Vittar, coordinador del Movimiento Inquilino Nacional, propone una respuesta lógica a la definición de las inmobiliarias. En diálogo con El Editor, considera: "Si la Cámara dice que el problema es la situación macroeconómica y ya reconocen que vamos a ir a un escenario más complejo, ¿cómo pueden proponer la desregulación total? Lo único que hacen es empujarnos a la calle".

Cada sector reconoce que las miradas parciales condujeron a soluciones insuficientes. Por un lado se plantea la necesidad de que el gasto de vivienda sea contemplado en la Canasta Básica, por otro que haya regulaciones simultáneas e integrales que aborden distintas patas del fenómeno, que incluyan también los alquileres temporarios y las viviendas vacías.

Frente a la especulación y un escenario de "inquilinización" creciente, Juan Arrizabalaga sentencia: "Hay que decidir si la vivienda va a ser una actividad rentística o un derecho, más allá de quién sea la propiedad".

Hipotecados UVA: un caso, el de tantos

"A nadie se le puso una pistola en la cabeza para tomar crédito UVA", expresó Javier Milei en declaraciones televisivas y justificó así la negativa a dar una solución a las más de 105 mil familias de hipotecados. Se tratará, entonces, de otra gestión que no brindará una ley que proteja a quienes accedieron a esa alternativa y hoy ven seriamente comprometidas sus economías domésticas.

Introducidos en la Argentina en el 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, fueron préstamos para vivienda única ajustados por inflación. Ofrecían cuotas bajas y supusieron una alternativa de acceso a un techo propio, incluso para aquellos de bajos ingresos. Sin embargo, en un escenario de inflación galopante, las cuotas aumentan en forma exponencial.

"Tengo 30 mil pesos de aumento todos los meses", revela Claudia Pilo, referente del colectivo Hipotecados Uva. En diálogo con El Editor sostiene que el reclamo de las familias es siempre el mismo: "Nosotros planteamos que el esfuerzo sea compartido con los bancos, porque acá son los únicos que tuvieron ganancias extraordinarias a costa del sacrificio de las familias trabajadoras".

La situación se presenta angustiante si se considera que hay familias dentro del colectivo que hace meses que no pagan las cuotas y hay incertidumbre sobre lo que sucederá a partir del 10 de diciembre, si la hipoteca se ejecuta y se pierde todo. "No sabes cuánto tiempo más vas a poder seguir pagando y si te ejecutan la vivienda perdés los ahorros de toda tu vida", explica.

Es de notar que, si bien Javier Milei en forma explícita manifestó que no ayudaría a quienes se encuentran en este escenario, tampoco hubo soluciones en los gobiernos de Mauricio Macri o Alberto Fernández, por fuera de algunos paliativos que no resolvieron la cuestión de fondo. "En el tema UVA, no hay grietas", sentencia Pilo.

Inquilinos e hipotecados UVA se mantienen en vilo, atentos a las medidas que puedan implementarse con la nueva gestión y ante un panorama económico que se asegura será crítico por los próximos meses. El ajuste pronostica sufrimiento para amplios sectores de la sociedad y la potencial desregulación promueve un temor por lo básico, como es perder el techo. ¿El mercado podrá ayudarnos?