"Estos ecosistemas son de importancia vital para el desarrollo de la vida humana debido a su inestimable aporte en materia de bienes y servicios eco sistémicos, así como por su valor de legado para las generaciones futuras", asegura el documento que lleva la firma de personalidades de diferentes ámbitos. Entre ellas, Dora Barrancos, Rita Segato, Beatriz Sarlo y Roberto Fabián Bó, entre otros. El documento hace hincapié en el Convenio Ramsar de 1971, que identifica humedales a nivel internacional y cuenta con 164 estados miembros. Argentina es uno de ellos.

La solicitada asegura que es "un momento clave para avanzar en la sanción de una ley de presupuestos mínimos para su conservación, oportunidad que viene siendo largamente postergada, desde la primera media sanción obtenida en 2013 en el Senado".

La Ley de Humedales es hoy una de las principales demandas de los sectores que desde hace muchos años luchan por la preservación de estos ecosistemas, cruciales para la preservación de los bienes ambientales comunes, además de para la incorporación de una mirada sistémica que ubique como prioridad el cuidado de estos espacios, además de realizar un registro de los humedales del país para poder protegerlos.

En este sentido, la diputada nacional por el Frente de Todos María Rosa Martínez aseguró que "hubo reuniones con productores, académicos, gobiernos locales, áreas del Estado, organizaciones" para profundizar el proyecto y que "hay alrededor de 500 organizaciones participando en la redacción de la ley".

"El año pasado tuvo dictamen pero no había llegado a Agricultura y Presupuesto", algo que sucedió hace quince días, según detalla la legisladora que es vicepresidenta de la comisión de Derechos Humanos y Garantías, además de integrar como vocal la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

¿Lobby está?

Martínez destacó que en esta oportunidad la legislación logró una comisión conjunta de Ambiente, Agricultura y Presupuesto para tratar el proyecto. "Nosotros estamos totalmente convencidos que no son argumentos válidos", puntualiza sobre quienes se oponen a que el proyecto se convierta en ley.

Es precisamente por eso que la solicitada insta a "superar las presiones de lobbies poco interesados en la conservación de los humedales y hacer prevalecer el buen criterio de preservarlos, desde una mirada comprehensiva y de largo plazo que favorecerá a todos, incluso a los que producen sobre humedales", destaca el documento.

En este sentido, la diputada remarcó que es necesario implementar un "criterio ecosistémico" porque la "idea de extractivismo y explotación agrícola sin respeto del ambiente" ya no es posible para pensar el nuevo modelo de desarrollo productivo del país.

Con trayectoria en los Derechos Humanos, la diputada destacó el carácter de derecho que tiene el ambiente y que "es muy importante la participación de las organizaciones en el acompañamiento del proyecto y también en sus localidades, hablando con las autoridades locales", para garantizar que la protección de los humedales sea una política de Estado de cada jurisdicción.

"Hay que generar un instrumento que permita que esa recolección de información tenga un formato que se pueda hacer a nivel nacional", puntualizó.

Una ley para el desarrollo sostenible

Lejos de ser una ley "anti productividad", el actual proyecto plantea la idea de la producción sostenible. "Como peronistas, creemos que tiene que haber una producción acorde a las necesidades de nuestro país. Esa producción implica estudios previos de impacto ambiental, implica cuidado de los humedales. Argentina tiene 23 humedales reconocidos a nivel internacional", enfatizó Martínez.

La solicitada, que se publicó este jueves, desmiente uno por uno los argumentos que atentan contra la futura norma y destaca que no ataca la autonomía de las provincias sino que es una herramienta para que cada jurisdicción pueda delegar "la facultad de sancionar leyes de presupuestos mínimos ambientales".

"Los derechos de la propiedad no se ven vulnerados por la sanción y aplicación de estas leyes, sólo se establecen los marcos regulatorios a los efectos de asegurar la sustentabilidad de los ecosistemas alcanzados", indica el documento.

El conjunto de profesionales que firmó esta solicitada lo hizo con el objetivo de apoyar el proyecto de ley del 2020 presentado por el diputado nacional Leonardo Grosso y acompañado por catorce legisladores y legisladores de la Cámara Baja.