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Juicio político a la Corte: comienza el tratamiento en Diputados

Comenzó el debate en la Comisión integrada por 16 diputados y diputadas, y presidida por Carolina Gaillard. Será uno de los hechos políticos más importantes de los últimos años. Cuáles serán las estrategias del oficialismo para avanzar y qué buscará hacer la posición para impedirlo.

26 de enero de 2023

Catorce son los expedientes que tendrá en cuenta la comisión de juicio político hoy, para establecer a partir de allí un cronograma de abordaje de lo que será, para la democracia contemporánea argentina, el hecho más importante en materia política y judicial luego de la remoción de la famosa Corte Automática de los '90.

El Frente de Todos cuenta con mayoría en la comisión y trabaja en la Cámara Baja para construirla y permitir que el juicio político llegue al Senado, encargado de la decisión final. Dentro de los catorce expedientes, cinco son de autoría del bloque oficialista, dos pertenecen a la Unión Cívica Radical, dos a asociaciones civiles y cinco a particulares.

Dentro de los presentados por el FdT, figuran uno de la sindicalista y representante ante el Consejo de la Magistratura, Vanesa Siley, contra Carlos Rosenkrantz; la senadora Juliana Di Tullio presentó dos, uno dirigido a Horacio Rosatti, presidente de la Corte y también del Consejo, designado por DNU por el ex presidente Mauricio Macri, y otro contra los cuatro miembros.

El proyecto que promueve el juicio político lleva la firma de quince diputados y diputadas del bloque oficialista, al que se le suma uno de la diputada María Rosa Martínez y Pablo Carro que objeta sobre el mal desempeño de la Obra Social del Poder Judicial.


Lo llamativo: la inclusión de dos proyectos impulsados por la radical y co-equiper de Cambiemos, Paula Oliveto Lago, de cercanía con Elisa Carrio. El año pasado, Oliveto presentó junto con varios legisladores del bloque opositor, un pedido de remoción contra Ricardo Lorenzetti que fue ampliado este año con otro proyecto. Ambos serán tenidos en cuenta.

La Asociación Argentina de Juristas y la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales presentaron dos proyectos que también objetan sobre el mal desempeño de los cuatro cortesanos. Por parte de particulares, Antonio de Martino, Ricardo La Greca, Patricia Isasa, Pablo Llonto y Diego Sánchez son quienes sumaron proyectos contra la Corte.

Cabe recordar, que Juntos por el Cambio anticipó que no dará quórum para el inicio de las sesiones extraordinarias, si sigue en pie el tratamiento del juicio político.

Según pudo saber El Editor, el magistrado Juan Carlos Maqueda podría renunciar en los próximos días.

Los miembros de la cúpula judicial serán evaluados a partir de la causal de mal desempeño de sus funciones, un juicio que no es de carácter penal, ya que no es una facultad del Poder Legislativo, sino político. Desde el Frente de Todos insisten en que no es un juicio contra la institución de la justicia, sino contra sus integrantes, quienes a raíz de la filtración de chats de Lago Escondido, la vinculación entre el vocero de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Dalessandro, quedó expuesta en su imparcialidad y manejo no democrático de respetar la división de poderes.

El juicio político avanzará como un gesto de peso por parte del oficialismo, que mira con total preocupación el accionar de la Corte. El fallo de la coparticipación en favor del jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es otro de los hechos que desencadenó la necesidad de discutir a quién responde esta Corte Suprema que lleva a dos de sus miembros puestos por decreto.

En paralelo, el proyecto de reforma judicial que busca federalizar y ampliar la representatividad de los miembros, como así también aplicar la perspectiva de género en la justicia, podría ser el siguiente paso para la construcción de una Corte más democrática.



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