El inflable de una silla de ruedas gigante sobresale entre la multitud. Familias enteras, representantes de centros integradores y sus residentes exhiben sus carteles frente a las puertas de la Quinta de Olivos, en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Viven con incertidumbre desde que se difundió un proyecto de decreto para desregular las prestaciones.

"Discapacidad en Emergencia". "Sus recortes me matan". "No somos la casta". Los mensajes se repitieron en distintos puntos del país. La movilización tuvo su epicentro en la provincia de Buenos Aires, pero también tuvo sus ecos en puntos estratégicos de Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Salta o San Juan, entre otras.

Si el reclamo cobró carácter federal, es porque el borrador puso a todo el sector en estado de alerta. Hoy existe un nomenclador único, que fija aranceles iguales para todos y asegura calidad y cobertura integral de las prestaciones para personas con discapacidad.

El documento que circuló proyecta que ya no habrá una lista única, sino que pasaría a haber distintos aranceles de PAMI, Incluir Salud y otros de la Superintendencia de Servicios de la Salud. Cada ente tendrá su propio valor, ajustable como le parezca, para cada prestación. El que puede, paga. El que no, ¡afuera!

"Estamos viviendo con desesperación, bronca, incertidumbre. Tenemos miedo, esa es la realidad", expresa Raquel Trotta, de Ciudad Evita, consultada por El Editor. Se movilizó a Olivos en compañía de su hermano Martín, que concurre a un centro de día en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a lo que escuchó, las obras sociales pagarían "lo que se les antoje o consideren necesario".

Lo ejemplifica con su situación personal. "Te pueden pagar el centro de día, pero no el transporte, porque el chico puede ir con un acompañante en colectivo. ¿Y si tengo que trabajar? ¿Cómo va y vuelve?", se pregunta. El mercado no contempla a los más vulnerables. "Es como que los largan a todos solos y a la buena de Dios", se lamenta.

Pegarle al que no puede defenderse

"Esto nos perjudica totalmente. Bastante peleamos con las obras sociales como para que encima tengamos una ley que la avale y no a los discapacitados", protesta Marcelo Pablo Janza, de Villa Bosch, otro participante de la movilización consultado por este medio.

Está allí en compañía de su hija, Celeste. Ella nació con 900 gramos y sufrió una cuadriparesia, una forma de parálisis cerebral que afecta la movilidad de brazos y piernas. "Es un problema de discapacidad severo", asegura su papá. Espera que el proyecto no avance, porque, en sus palabras, significa "condenar a todos los chicos con discapacidad".

Se muestra conforme con la cantidad de gente que asistió a la movilización, dice que hay más que en otras oportunidades. Pero tiene una mirada pesimista y duda que sus pedidos sean escuchados por el Gobierno. "Venimos para hacer fuerza nomás, pero no veo que den marcha atrás. Al contrario, acá embisten a la gente", expresa con preocupación, y concluye: "Ellos no lo sufren, por eso les da lo mismo".

La tristeza es compartida por Jorge Silanes, responsable del Cottolengo Don Orione de Claypole, un hogar para personas con discapacidad. Con más de 20 sedes a lo largo del país, la suya es la que más convoca con 370 residentes estables, además de 100 alumnos y 20 concurrentes.

Está acompañado por muchos de ellos, con carteles. Juan Manuel es uno, que se acerca y le extiende un dibujo a este cronista, junto con algunos mensajes de protesta. Dice que es para su familia, que no los ve hace tiempo y lo extrañan.

"Esto es un sálvese quien pueda. Y el problema del sálvese quien pueda es que la mayoría de las personas que precisan de apoyos importantes, no lo van a tener", responde el hermano Silanes ante la pregunta de El Editor.

"Es una nueva manera de discriminación, porque estamos eliminando la igualdad de posibilidades", reclama Verónica, docente de Educación Especial que se movilizó junto a un grupo de colegas y alumnos de su instituto de Malvinas Argentinas. "Son chicos que están asistiendo a escuela de nivel y que no van a contar con los apoyos necesarios para tener una escolaridad como cualquier otro", explica.

En la institución cuentan con 72 chicos en sede y alrededor de 100 en inclusión. Su población se caracteriza por niños con discapacidad intelectual, niños que tienen autismo, niños con trastorno en su lenguaje. Chicos y chicas que suelen estar excluidos en la escolaridad, pero que gracias a las propuestas de inclusión logran tener un espacio.

Esperando el impacto

A julio del 2023, los datos del Registro de personas con discapacidad certificada señalaban que en la Argentina son 1.594.888, lo que representaba un 3,45 % de la población nacional. Un dato adicional, es que más del 87 % de las personas mayores de 14 años con Certificado Único de Discapacidad (CUD) no tiene trabajo. El grado de vulnerabilidad económica es enorme.

"El contexto es paupérrimo, hay muchos acá que no pueden pagar sus obras sociales o prepagas", sostiene Claudia D'Ippolito, madre de una persona con discapacidad y prestadora, que agrega: "Es gente que se queda sin atención de salud, sin poder sostener su rehabilitación que conlleve a una mejoría".

Fuentes cercanas a la Agencia Nacional de Discapacidad aseguran que no hay ningún proyecto cerrado ni que se publicó ningún decreto. Cualquiera sea la decisión, aseguran, no cambiaría el servicio que reciben las personas. Lo que se plantea es que se busca tener una política más transparente, apuntar a la desregulación de precios para romper cualquier posibilidad de lobby de los prestadores.

No lleva tranquilidad para millones de personas, que viven con amargura un deterioro en la salud y en sus servicios, producto de una crisis que golpea a todos los sectores. La incertidumbre y la tristeza sacude a todo un colectivo, cuyas vidas parecen quedar pendientes de una firma.