Para La Libertad Avanza, no hay plata para garantizar los derechos de niñas y adolescentes. El gobierno de Javier Milei no quiere renovar los contratos de los más de 700 profesionales que forman parte del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), una política pública que en solo cinco años logró reducir el embarazo en en casi un 50 %.

"Hoy la situación de los y las trabajadoras del ENIA es de mucha angustia e incertidumbre. Si bien todavía no hemos recibido información oficial respecto a cómo va a seguir desarrollándose esta política, nos encontramos en estado de alerta y movilización permanente", dijo Victoria Ruiz, secretaria pro gremial de ATE Salud, a El Editor.

La referenta explicó que por estos días 600 de los 709 profesionales que llevan adelante este programa en diferentes provincias del país no tienen garantizada su continuidad laboral y muchos de ellos ya fueron notificados de sus despidos.

"Esto no solo vulnera el derecho al trabajo de los compañeros y compañeras cuyos contratos no serían renovados. Además, es una vulneración del derecho a la salud de las adolescentes en general y a su salud sexual y reproductiva en particular", resalta Ruiz

Para la referente gremial, la situación provoca "mucha preocupación en el marco de una política general de un gobierno que vino a achicar el Estado, a retirar políticas públicas y a vulnerar nuestros derechos". Mientras, el programa para que las niñas sean niñas, y no madres, corre riesgo de desaparecer bajo el filo de la motosierra.

Por su parte, Silvina Ramos, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y coordinadora del diseño del Plan ENIA, aseguró que "si bien no ha habido una notificación formal respecto al cierre del plan, lo cierto es que puede no desaparecer formalmente", y aclaró que "sí puede dejar de existir su desarrollo concreto porque una política pública no puede sobrevivir sin recursos humanos y sin insumos". Además, Ramos destacó que esta política se convirtió en un modelo para el resto de América Latina y el Caribe por los buenos resultados comprobados sobre la reducción de la tasa de fecundidad adolescente.

Antecedentes

El Plan ENIA se puso en marcha en 2017 y está formado por equipos interdisciplinarios que trabajan en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y Buenos Aires. Estas provincias fueron priorizadas por la magnitud del problema en sus territorios y la capacidad de impacto del programa. Como resultado, en 2021 -últimos datos disponibles- se logró reducir la tasa de fecundidad adolescente del 49 % al 27 % y se registraron 24 mil embarazos adolescentes menos que antes de su inicio. Además, se redujeron en un 43 % los embarazos en niñas de entre 10 y 14 años, una población en la que la enorme mayoría de las gestaciones son resultado de abusos sexuales.

"El desmantelamiento del Plan ENIA implica un brutal abandono por parte del Estado nacional de las niñas y adolescentes, al menos en estas 12 provincias en las que se trabajaba", sostuvo Ramos. La socióloga explicó que en el marco de esta política -que cuenta con la colaboración de UNICEF, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)-, adolescentes de sectores vulnerables accedían a espacios de consejería en anticoncepción, donde podían optar por métodos de larga duración y evitar así un embarazo no deseado.

Además, el plan implicaba un fortalecimiento de la educación sexual integral (ESI) en escuelas, centros de salud y espacios comunitarios. "De confirmarse, esta medida implicaría que las adolescentes dejen de recibir estas prestaciones que les permiten tomar decisiones informadas y libres respecto a su vida sexual y sus vínculos amorosos. Pero, además, significaría que el Estado deje de intervenir en una problemática extremadamente sensible, compleja y dolorosa como es la del abuso sexual en menores de 15 años", agregó.

La especialista también destacó que no se trata de un programa caro para las arcas del Estado, sino que, por el contrario, permite ahorrar los costos de la atención al embarazo y el parto en adolescentes. Los datos son contundentes: según el estudio Modelo de Impactos Laborales, Educativos, en la Nómina y Asistenciales (MILENA) realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas, en 2018 el Estado argentino perdió 834,7 millones de dólares como resultado de los embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.

Pero si se considera el impacto que tiene la maternidad temprana sobre la deserción escolar, la inserción en el mercado laboral y el acceso a trabajos de calidad de las madres en toda su vida productiva, el costo de cada embarazo no intencional en la adolescencia es aún mayor.

"El costo de prevenir un embarazo no intencional en la adolescencia es muy bajo comparado con los beneficios que ocasiona para la mujer y la sociedad en su conjunto", agregó la especialista y destacó que continuar con el ENIA permitiría ahorrar hasta 140 millones de dólares anuales -ocho veces lo invertido en el programa- por el solo hecho de prevenir esos embarazos no intencionales.

Por último, Ramos explicó que la continuidad del Plan ENIA es fundamental para combatir la pobreza y la desigualdad en Argentina. "Desmantelar el plan tiene un impacto a corto y mediano plazo: la maternidad en edades tempranas es uno de los factores más importantes de la reproducción intergeneracional de la pobreza ya que la maternidad temprana hace que las adolescentes, en una alta proporción, dejen la escuela, que tengan menores oportunidades de ingresos en el mercado de trabajo y que perciban ingresos inferiores al promedio que reciben las mujeres que fueron madres después de los 20 años", aseguró.

Desde su puesta en marcha, en 2018, el ENIA fue llevado adelante por los ministerios nacionales de Salud -hoy a cargo de Mario Russo-, Desarrollo Social y Educación -que quedaron bajo la órbita de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello- y desde allí se articulaba con las provincias. Por sus buenos resultados, en 2023 se firmaron acuerdos de adhesión para implementarlo en el resto de las provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.