En medio de la coyuntura por las medidas económicas y el anuncio en cadena nacional del presidente, funcionarias y funcionarios, de lo que hasta hace pocos días fue el Ministerio de la Mujeres, Género y Diversidades, confirmaron su primer encuentro de transición con el gobierno de Javier Milei.

Dos asesores del Ministerio de Capital Humano se comunicaron y concertaron la reunión con directores y directoras todavía en funciones. Sirvió para ordenar el traspaso de los contenidos y programas de la cartera disuelta que, por ahora, tendrá rango de subsecretaría, según lo dispuso la ministra Sandra Pettovello. La reunión fue el inicio de una transición que se hizo esperar más de la cuenta.

Desde que el nuevo gobierno asumió, existió siempre la preocupación por cómo se iban a canalizar las tareas, acciones y políticas públicas desarrolladas por el área.

También preocupa el destino de sus trabajadoras y trabajadores a los que sólo les han garantizado la continuidad de su contrato por tres meses. Son alrededor de 300 y 400 monotributistas y/o contratados, y tan sólo 17 personas pertenecen a planta permanente.

A pocos días de la disolución oficial del ministerio, las principales políticas públicas en materia de violencia y vulnerabilidad de género de las cuales se benefician millones de mujeres - aún siguen activas -, están amenazadas.

Todavía no hay certeza respecto del apoyo que tendrán en términos políticos los diferentes programas que todavía están vigentes y desarrolla el área nacional contra la violencia a las mujeres y las diversidades. Tampoco se sabe cómo será el financiamiento para llevar a cabo con efectividad las acciones diseñadas por la anterior gestión.

Preocupa por demás la indiferencia (no inocente) de parte de la nueva gestión nacional. Esta dilación comunicativa con las autoridades salientes permite intuir que la puesta en práctica de extinguir todo lo relacionado con los feminismos y sus derechos, es un hecho a concretar.

Todo hace suponer que será un gobierno que dará por concluida las acciones y reclamos que durante años llevaron adelante ciento de miles de mujeres a través de sus luchas y sus conquistas.

Todo un símbolo cultural de la representación política libertaria para una época que evoca la pérdida de una conciencia colectiva con carácter inclusivo.

El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad fue creado por Alberto Fernández, por medio del decreto 7/2019, al asumir como presidente de la Nación en 2019.

Un área capaz de sostener y fomentar políticas de inclusión y de acceso a derechos para mujeres y diversidades desde una dinámica institucional, con rango ministerial y con funciones que concienticen sobre la existencia de prácticas violentas que parten desde una sociedad machista.

En el balance de gestión la exministra y activista por los derechos de las mujeres, Ayelén Mazzina, aseguró que el financiamiento necesario para el funcionamiento de la cartera es realmente insignificante dentro del presupuesto nacional: sólo el 0.2 % del gasto público.

"El cierre del Ministerio es una decisión política e ideológica, no fiscal. No es un gasto representativo para el Estado", comentó Mazzina en conferencia junto a representantes de los colectivos LGTBI+, de derechos humanos, activistas feministas, trabajadores y trabajadoras y de la prensa especializada acreditada.

No es ninguna sorpresa. De acuerdo a la narrativa negacionista explicitada por integrantes del nuevo gobierno hacia la desigualdad de género, las principales asociaciones y organizaciones feministas están en alerta por la posibilidad del daño que la pérdida de estos beneficios tendrá.

Gestión inédita y concreta

Uno de los programas que con mayor éxito lleva a cabo el ministerio es el Acompañar. Funciona a través de una red federal que brinda cobertura económica y asistencia psicosocial integral a víctimas de violencia de género. Fue creado durante la pandemia y se benefician aproximadamente más de 350.000 mujeres que sufrieron situaciones de violencia o personas que necesitan el resguardo de posibles riesgos de padecerlas a futuro.

Es también de gran relevancia la tarea que proporciona durante las 24 horas del día la línea 144. Desde su creación en 2013, más de 1.200.000 personas fueron asistidas por las trabajadoras, que fueron capacitadas particularmente para esta atención. Al menos todavía, la línea funciona, y se trata de una comunicación instantánea para quienes puedan denunciar o llamar en procura de información. Son más 350 llamadas diarias que dan contención y ayuda. Las trabajadoras denunciaron que recibieron amenazas e intimidaciones en estos días. El clima de época se hace sentir.

Desde una mirada federal, la mayoría de los gobiernos provinciales han podido mantener las diferentes áreas de género. El logro activo de estos espacios está íntimamente relacionado con las articulaciones que desde el ministerio nacional se fomentó a través de firmas de convenios, con el objetivo de fortalecer el federalismo, promover la coordinación en las políticas y garantizar el cumplimiento de los derechos conquistados en cada punto del país.

La gran duda que surge es cómo podrán estas áreas de género, municipales y provinciales, llevar a cabo su trabajo sin un empuje nacional cohesionado.

El Ministerio fue referencia en materia perspectiva de género y representó la demanda de millones de mujeres y diversidades argentinas bajo un rol asistencial, integral, pedagógico y educativo.

Si bien, los procesos de cambio culturales que las mujeres se propusieron revolucionar y denunciar desde aquel brutal femicidio de Chiara Páez están vigentes, y es ahí donde surge la primera marcha masiva de Ni una menos en 2015, cuesta dimensionar el desafío faraónico de construir un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades desde cero y especialmente dedicado a las problemáticas machistas.

Las políticas ahora peligran por la carencia de las herramientas institucionales que proporcionaba el Estado.

En Argentina hubo 1 femicidio cada 27 horas durante 2023, según datos del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Una cifra alarmante que requiere mayor presencia del Estado.

Así como el cambio climático y el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, el presidente Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarroel niegan desigualdad, la violencia de género y la asimetría en la brecha salarial que sufren gran parte de las mujeres trabajadoras. En definitiva, no creen en la existencia de una sociedad patriarcal capaz de convalidar un mundo injusto y violento.

Un desafío para todas aquellas que lucharon durante años en reivindicaciones, por la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo y por la Educación Sexual Integral, entre otras conquistas.

Unidas y organizadas, una vez más. Será un desafío que apele a la construcción de nuevos paradigmas por la tarea realizada, que hoy se encuentra disminuida en sus herramientas institucionales.

Una nueva oportunidad de consensuar más cobijos, más refugios y más estructuras.

La apatía y la indiferencia que ahora abandona y deja a su suerte a millones de mujeres sin el resguardo del Estado, es una de las manifestaciones más claras de la violencia institucional que subordina y que discrimina, para empoderar los sistemas patriarcales.