La iniciativa restituye a los empleados de la entidad crediticia las mismas condiciones previsionales que tenían antes de la sanción de la Ley 15008, aprobada en 2017 durante la gestión de María Eugenia Vidal. Las comisiones de la Legislatura bonaerense ya le dieron los dictámenes necesarios para que se trate en el recinto. La oposición está intransigente ante el tema y ello motivó al Gobernador a encadenar el proyecto con el Presupuesto 2023.

Sin embargo, el debate trascendió la esfera legislativa y se registran mensajes de los intendentes de Juntos para que la iniciativa que provocó el cortocircuito entre unos y otros no condicione el btratamiento del Presupuesto 2023, sobre el que Juntos hizo un pedido formal. Fue en la reunión que legisladores e intendentes de la alianza opositora -Julio Garro, del PRO, y Miguel Fernández, titular del foro de alcaldes boina blanca- mantuvieron con el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, la semana pasada.

"El tema del Bapro lo tienen que resolver los legisladores, nosotros no tenemos por qué meternos en eso. Pero sí necesitamos que no se mezcle el tema del Presupuesto, porque si no se vota vamos a tener problemas con los presupuestos de los municipios, que lo hemos retrasado a la espera del provincial", aseguró un intendente de la UCR del interior.

En efecto, la mayor parte de los jefes comunales pospusieron la presentación de sus cálculos de gastos y previsiones para el año próximo a la espera no solo de la ley de leyes, sino también de conocer el índice inflacionario con el que se cerrará el año.

Los intendentes de Juntos sostienen que "son temas separados, lo que tenemos que defender a través de nuestros Diputados y Senadores es que haya un Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y un Fondo de Seguridad suficiente para los municipios, porque este año no lo incluyeron, lo mismo que hicieron el año pasado". Y agregan: "No sólo queremos que haya un fondo de obras y seguridad que contemple la inflación y que se compense lo que perdimos este año, además de que se envíe el dinero en tiempo y forma, sino que se abonen las deudas pendientes por IOMA, el IPS y otros ítems por parte de la Provincia".

En efecto, los requerimientos formaron parte de la carpeta de condiciones que dejaron los opositores a Insaurralde, y que prevé un fondo de 82.000 millones de pesos, entre FIM y Fondo de Seguridad, para los territorios.

También buscan que se haga un desembolso fuerte a comienzos de año y transferencias trimestrales o cuatrimestrales garantizadas por ley, para evitar que la suba de precios impacte en las obras. El bloque opositor unificó postura y no bajó al recinto de la Cámara de Diputados para debatir la reforma previsional del Bapro.

El gobernador apuntó contra la gestión anterior

La ley vigente había sido sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal con el fin de resolver el déficit de la caja previsional del banco provincial. Pero la Corte Suprema bonaerense mandó a reformarla tras sendos reclamos ante el cambio en el régimen jubilatorio. De no haber nueva ley, advirtió el tribunal, la actual será declarada inconstitucional el 14/12. Según cálculos del gobierno, esa medida impactaría en $400 mil millones sobre el patrimonio del banco.

Kicillof, entonces, intentó conseguir apoyo de la UCR. Sus dardos los apuntó contra Mauricio Macri y Vidal luego de que el PRO emitiera un comunicado en el que rechazó "cualquier modificación política y oportunista que ponga en riesgo la sustentabilidad del régimen previsional del Banco Provincia".

"Macri, Vidal: suelten, no va más. Realizamos durante un año y medio reuniones, y llegamos a un nuevo texto. Lo enviamos hace seis meses a la Legislatura", señaló Kicillof en una conferencia de prensa junto a Sergio Palazzo, secretario general del gremio bancario, y Juan Cuattromo, titular del Bapro. "Necesitamos que vayan y aprueben la ley que ya discutieron y ya modificamos", subrayó el Gobernador.