Ley de aborto: avances y pendientes a dos años de su sanción

A dos años de la sanción de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo (I.V.E), un informe del Proyecto Mirar, coordinado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, analizó la calidad en la provisión de servicios a la hora de decidir no gestar. Conclusión: se avanzó, sí, pero aún resta mucho por hacer.

30 de diciembre de 2022

El 30 de diciembre de 2020 se sancionó la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) lo que significó el triunfo de una lucha de décadas en pos de la autonomía reproductiva y un paso fundamental en materia de derechos sexuales. El aborto -al menos para la ley- dejó de ser criminalizado en un país que, antes de la aprobación de la norma, castigaba con la clandestinidad, la mutilación, la cárcel o directamente la muerte a quienes se atrevían a transitar esa ruta crítica.

En el marco de un nuevo aniversario de la aprobación de la ley, el colectivo Proyecto Mirar elaboró un exhaustivo informe coordinado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health con datos que dejan expuestas las falencias y dificultades que aún deben enfrentar quienes eligen no gestar, así como también los avances que se dieron a lo largo y ancho de Argentina gracias a la Ley 27.610.

Lo que se avanzó

El documento muestra que durante 2021 la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva distribuyó 74.071 tratamientos de misoprostol, una droga que, administrada de forma correcta, induce un aborto seguro hasta la semana 14 de gestación. Dicho de otro modo, estos tratamientos se cuadruplicaron con respecto a 2020. Durante los primeros seis meses de 2022, en tanto, se realizaron 38.229 tratamientos de misoprostol

Además, se reforzó con la incorporación de la distribución del denominado combipack (uso simultáneo de las drogas Mifepristona y Misoprostol), una combinación que reporta tasas de aborto exitosas de hasta 98 %, en comparación al uso único de Misoprostol, en donde la variable de eficacia oscila entre 80% y 85%.

A la vez, durante el 2022 se realizaron nuevos procesos de producción de la mifepristona en laboratorios públicos del país, lo que eleva a cuatro los laboratorios nacionales que producen misoprostol para el sistema de salud público. "Al ampliar las opciones para el aborto con medicamentos, Argentina se aproxima a los estándares de calidad internacional fijados por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos", afirma Brianna Keefe-Oates, investigadora de salud pública y asesora para Ibis Reproductive Health.

Otros de los avances en el marco de la ley es que aumentaron las capacitaciones profesionales y la disponibilidad de consejerías para información, evaluación clínica y toma de decisiones de quienes tienen capacidad de gestar. También se incrementó la calidad de los servicios en general ya que se han incorporado nuevas tecnologías.

Habla una sobreviviente del aborto clandestino

Pero tal vez nada de esto tendría sentido si no podemos ver, al mismo tiempo, el cambio que la ley significó para quienes hoy pueden abortar sin arriesgar su salud ni su vida por eso. El Editor dialogó con una sobreviviente de un aborto clandestino que solicitó el resguardo de su identidad porque aún tiene miedo de la condena social y por los traumas con los que todavía convive.

Previo a la charla con este medio, celebró que "la ley ya tenga dos años de vida" porque con ella volvió a nacer. Durante la charla, Patri (nombre de fantasía) recordó: "En 2006 sufrí un abuso que terminó lamentablemente en un embarazo no deseado y en un aborto clandestino" y agrega: "Lloré durante mucho tiempo y aun se me pone la piel de gallina cuando leo o escucho historias sobre abortos"

"Yo sobreviví y puedo contar la pesadilla y maltrato que padecí durante todo el proceso. Pasé por un ginecólogo bastante entrado en edad, que fue un irrespetuoso, maleducado que además, me cobró un dineral para realizarme las maniobras previas al aborto, luego me fui de la ciudad -a mis padres les dije que me iba de vacaciones-, me acerqué a una clínica privada, ya desangrandome, donde el médico me dio una sola opción, que me retire lo antes posible antes de que llamara a la policía. Como pude llegué a un reconocido hospital público donde sufrí aberraciones de todo tipo. Practicantes, no recuerdo de qué carrera, que se acercaban todos los días a preguntarme qué nombre le pondría al bebé o que preguntaban a dónde estaba el papá", relata la joven.

En otra parte de su historia, Patri cuenta que en el hospital nunca le explicaron qué práctica le iban a realizar ni qué iba a suceder. Estuvo una semana internada, sola. De tanta sangre que le extrajeron le rompieron varias venas, recuerda. "Empecé con contracciones, a gritar y nadie me asistía. Pasaron las horas y me llevaron a una habitación donde había otra chica en la misma situación que yo a la que le decían que se la bancara porque a ella le estaba por pasar lo mismo. Me acuerdo como si fuera hoy el llanto de esa mujer", dice con la voz quebrada.

Luego, cuenta lo que recuerda del despertar. "Creo que estuve en un quirófano y que me hicieron un raspado. Estaba desnuda en una camilla en un pasillo del hospital. La gente, las médicas pasaban y nadie hacía nada, solo me miraban. No recuerdo cuánto tiempo estuve así, pero cada vez que siento frío se me viene mi propia imagen a la mente en ese pasillo de hospital. Cuando logré tomar fuerzas me escapé. Me llevó mucho tiempo recuperarme, fortalecerme y no caer en depresión".

Patri también cuenta que cuando se sancionó la ley IVE, sintió "alivio" ya que "no quiero que a nadie más le suceda el calvario que viví por abortar en la clandestinidad y tener que luchar para sobrevivir".

Falencias y dificultades

Pero el informe del Proyecto Mirar se detiene, además de en los progresos, también en las dificultades que todavía existen alrededor de la implementación de la ley. Una de ellas es la falta de información clara y otra es la utilización inadecuada de la objeción de conciencia. Otro de los obstáculos es el uso de "tecnología riesgosa y obsoleta" ya que "todavía se realizan legrados para terminar el procedimiento de aborto aunque no están recomendados, mientras que resta fortalecer la utilización de la aspiración manual endouterina (AMEU) como una opción recomendada para los abortos o el tratamiento con medicamentos".

Otro escollo que deja expuesto el reporte de Cedes e Ibis es que existen servicios de salud en los que la ruta de la atención es poco clara, y en muchas ocasiones las clínicas, no importa si públicas o privadas demandan, más procedimientos que los plantea la misma ley.

Asimismo, entre las dificultades en diferentes puntos del país se detectaron objeciones de conciencia "no ajustadas a la norma". "Se trata de malas objeciones cotidianas, como por ejemplo, personal administrativo que obstaculiza o demora la recepción o la reserva de turnos", se explicó en el reporte. También sucede que en las zonas alejadas de las grandes ciudades quienes integran los equipos de salud se declaran objetores.

El documento también deja al descubierto la falta de campañas de comunicación pública "que podrían generar un aspecto positivo al ofrecer información y herramientas de decisión a quienes demandan la atención, y también una mayor red de contención para quienes ofrecen el servicio".

Claves para mejorar

CEDES e Ibis llegaron a la conclusión de que para mejorar la calidad en la provisión de abortos, y garantizar el derecho a decidir, es fundamental tener en cuenta la perspectiva de las personas que demandan la interrupción del embarazo y de quienes trabajan en salud, así como ampliar el acceso, erradicar las malas prácticas y potenciar las buenas, así como trabajar junto a organizaciones territoriales.

También plantean que todas las personas que demanden una IVE o ILE deben obtener una respuesta en tiempo y forma, de manera accesible cultural y geográficamente, con información clara y atención empática: "No sólo se trata de que el derecho amparado por la ley se respete en el territorio, sino de que suceda con foco en las personas, de manera respetuosa y equitativa: el cómo también importa", enfatiza el documento.

Lo que dice la ley

La ley 27.610 establece que los servicios públicos de salud, las obras sociales nacionales y provinciales y las empresas y entidades de medicina prepaga incorporen la cobertura integral y gratuita de la práctica. No requiere adhesiones provinciales ni reglamentación para su vigencia.

La norma también establece que, una vez solicitada la prestación por parte de la beneficiaria/afiliada, la OS o EMP tiene un plazo máximo de diez (10) días corridos para cumplir con la misma. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

Para más información sobre los derechos, garantías, plazos, objeción de conciencia y consentimiento información ingresá a: https://www.argentina.gob.ar/noticias/ley-no-27610-acceso-la-interrupcion-voluntaria-del-embarazo-ive-obligatoriedad-de-brindar

Para acceder al informe completo acceder a: https://proyectomirar.org.ar/investigaciones/

La Línea de Salud Sexual, Nacional, gratuita y confidencial: 0800-222-3444


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