Año 2005, 14 de junio, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de la Nación Argentina. Éstas establecían ciertas restricciones a los juzgamientos de los responsables de los crímenes dictatoriales. Sancionadas en 1986 y 1987, habían tenido alto repudio de los organismos de Derechos Humanos, sin embargo, no habían podido frenar su aprobación. Fue entonces que tantos años después por primera vez los tres poderes nacionales coincidieron en la necesidad de juzgar estos crímenes.

El 14 de junio de 2005, a raíz del fallo "Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad" de la Corte Suprema, ambas leyes fueron declaradas inconstitucionales. El caso procesaba a Simón y Juan Antonio Del Cerro. Abuelas de Plaza de Mayo iniciaron un proceso por la apropiación, retención y ocultamiento de Claudia Victoria Poblete, cuando era una beba de 8 meses fue secuestrada junto a sus padres José Liborio Poblete Roa y Gertrudis Marta Hlaczic. La familia fue llevada al Centro Clandestino de Detención "El Olimpo". En Abuelas recibieron denuncias especificando que el ex militar Ceferino Landa y su esposa tenían a la niña, anotada con otro nombre.

Anteriormente, en 1998 el Congreso Nacional, derogó las leyes sancionado la ley 24.952, pero este gesto fue simbólico, porque no era una acción retroactiva por ende los beneficiados por las normas no se veían afectados por la derogación. En 2000 el CELS solicitó ambas leyes se declararan inconstitucionales.

En 2001 el juzgado que llevaba la causa declaró nulidad de las leyes, la defensa interpuso un recurso extraordinario que fue denegado, por lo que el caso llegó a la Corte. En 2003, el ejecutivo impulsó la nulidad de las mismas en el Congreso, la Ley N° 25.779, declaraba la inconstitucionalidad, pero recién a través del fallo de la Corte Suprema fue decisivo.

La Corte refirió a la protección de derechos, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, y que negarlos llevaba al olvido las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar.

La condena a Julio Simón fue el 11 de agosto de 2006, recibiendo una condena de 25 años de prisión.

El dictamen de inconstitucionalidad generó apertura y federalización de los juicios por lesa humanidad durante el terrorismo de Estado vivido entre 1976 y 1983.

Entonces comenzaron a haber organizaciones para lograr los justos juicios, por parte del El Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial. Por su parte la Procuraduría General de la Nación creó "Unidades" para coordinar la actuación de fiscales con la "Procuraduría de Crímenes contra la humanidad". En cuanto a la Corte Suprema, creó la "Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad" dictando reglar para agilizar los procesos.

Algunos datos:

Entre 2006-2015: Se desarrollaron 142 juicios. Hubo 592 condenados, con 51 absoluciones.

Hoy: son 929 los procesados. El avance en las investigaciones judiciales llevó a una ampliación del alcance territorial, y también incrementó la cuestión de la complicidad civil en los delitos.

El actual problema: 15,5% de las sentencias están firmes. Un porcentaje muy bajo que muestra que el proceso judicial, aunque se haya avanzado tanto, se prolonga demasiado. De hecho, ya han fallecido muchos de los represores sin recibir las condenas adecuadas.

¿Qué establecían las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida?

Ley 23.492- Punto final (1.986): establecía un plazo muy breve para la presentación de nuevas denuncias penales. Entonces los crímenes cometidos, quedarían prescriptos.

Ley 23.521- Obediencia Debida (1.987): Buscaba quitar responsabilidades penales a quienes, por tener rango menor, se creía que habían actuado respetando ordenes de superiores.

Abrazando los avances, y siendo uno de los países que sentaron precedentes en este tipo de juicios, aún falta mucho trabajo por enarbolar la memoria, verdad y justicia que las víctimas y la historia argentina merece. Siempre, "juicio y castigo para los culpables".