"La frase 'La tuya está', no corre más en este gobierno. Está la de la gente", dijo Mauricio Macri en 2016 mientras participaba de la inauguración de un complejo portuario en Bahía Blanca. Su mandato como presidente había comenzado siete meses antes, pero no pudo dejar de lado su costado empresario.

El crecimiento de las compañías de la familia Macri estuvo desde siempre vinculado a los contratos con el Estado. Autopistas, el Correo Argentino y contratos de obra pública fueron una parte vital de los ingresos del ex presidente. Sin embargo, uno de los acuerdos más lucrativos fue el de la recolección de residuos.

Basura de oro

Manliba (una UTE entre Sideco, del grupo Macri, y la estadounidense Waste Manage) se hizo con la licitación internacional para recolectar los residuos de la entonces Capital Federal. El concurso había sido organizado por el brigadier Osvaldo Cacciatore, intendente de la última dictadura.

El contrato preveía un pago de U$S 45 dólares por tonelada recolectada y se estimaba que la ciudad generaba un millón de toneladas por año. Durante el gobierno de Raúl Alfonsí, la crisis económica obligó al Estado a "desindexar" los acuerdos en dólares.

Por el "desagio" Manliba reclamaba el pago de una deuda de U$S 68 millones. La llegada de Carlos Grosso a la intendencia fue una de las victorias más festejadas de la familia Macri. No era para menos: el intendente había sido empleado de Socma y aceptó el reclamo.

Macri cobra, los vecinos pagan

"Fueron U$S 27. 400 dólares exactos, agosto de 1990. La valija por el desagio de Manliba. Con Federico Pinedo y Roberto Azaretto decidimos devolverla a Macri, sin armar quilombo público. Le dijimos: 'Está todo bien, loco, no pasa nada, mas no podemos aceptarlo'. Todo prescripto", escribió Carlos Maslatón, en miembro del Concejo Deliberante, en su cuenta de Twitter.

El contrato de Manliba se extendió hasta 1998 y la recolección de residuos quedó en manos de otras cuatro empresas. En ese momento, el gremio de Camioneros reclamó una indemnización para sus afiliados. Argumentaba que correspondía porque la relación de dependencia iba a ser con un empleador distinto del original.

Pasaron los gobiernos de Fernando De la Rúa, Aníbal Ibarra y Jorge Telerman, pero la demanda de Camioneros quedó sin respuesta. En el medio hubo protestas, incluso los recolectores descargaron camiones de basura frente al entonces Palacio de Gobierno, en Bolívar 1.

Macri llegó al gobierno porteño en 2007 y en 2012 convocó a una nueva licitación para la recolección de residuos. Pero antes acordó con Hugo Moyano el pago de la indemnización a los recolectores: la Legislatura votó un bono de $220 millones de pesos y el problema quedó saldado con dinero de los contribuyentes porteños.

Lo curioso es que una empresa de su familia debería haber cubierto una parte importante del monto. "Quienes deberían haber pagado la indemnización eran las empresas concesionarias. Corresponde que indemnicen a los trabajadores cuando cambia el concesionario, eso estaba previsto en los contratos. No debería haberlo pagado el Estado", aseguró una fuente porteña que conoce bien el asunto.

El tema tiene más actualidad que nunca. Camioneros negocia las indemnizaciones de los ex empleados de Dakota y BRD, las empresas que tuvieron a cargo las grúas porteñas durante treinta años. Además de pagar un canon ínfimo durante décadas, todo indica que Dakota y BRD lograrán evitar hacerse cargo de las indemnizaciones que saldrán, nuevamente, de los bolsillos de los contribuyentes de la ciudad.