El último tiempo, quizás el más importante ante la necesidad de atención médica, las obras sociales y prepagas en el país terminaron de mostrar su verdadera cara. Como toda "empresa", cada vez más dejan en claro que lo único que importa es la recaudación, más allá de la atención que reciben sus afiliados.

Muchos casos resonaron en medios y redes sociales por la desatención de estas organizaciones. Julieta Díaz, Inés Estévez, María Julia Oliván, han expuesto sus situaciones. Son reconocidas madres cuyos hijos atraviesan condiciones que deben ser atendidas por las empresas médicas, que deberían funcionar correctamente bajo el riguroso control estatal para asegurar que los pacientes reciban las terapias, medicaciones, y facilidades en todos los procedimientos necesarios.

Hace años las obras sociales y prepagas reclaman una "situación de crisis económica", que repercute sobre la atención. Las prepagas nunca dejaron de aumentar sus abonos, pero sus trabajadores no reciben beneficios salariales, y la atención de los afiliados es paupérrima.

Para reflejar las inconsistencias del sistema de salud reflejaremos a través de las cuestiones relacionadas con discapacidad el incumplimiento de las normas por parte de las empresas médicas. Por ello hablamos con Pablo Mazzia, papá de Valentín niño con Autismo, que padeció dos años la falta de autorización de terapias por parte de su cobertura. Y charlamos con Leila Cava, psicopedagoga (MN 100.703), para conocer qué pasa con los profesionales.

EL CASO DE VALEN, EL CASO DE MUCHOS:

Hace algunas semanas, Pablo publicó en redes un petitorio en change.org para presionar a la prepaga a dar una respuesta por las terapias del niño. El papá contó que: "Agotado del destrato de la empresa de medicina prepaga OMINT, agotando todas las instancias previas, inclusive la legal, opte por hacer una petición de firmas".

Las opciones de las familias son extenuantes, contó Pablo que los procesos incluyen presentar "Carta documento y recurso de amparo posterior. Todo es tiempo y dinero lamentablemente. Todas estas empresas de salud se manejan desgastando a los socios y solo autorizando a los que terminan metiendo presión por otro lado". Así Pablo logró la autorización de las terapias: dos años después.

El problema es generalizado. El pedido de esta familia como otras, no hace más que exigir se cumpla la ley. "Valen tiene Autismo, las terapias externas ayudan a trabajar en su manejo de situaciones conflictivas, en su motricidad, lenguaje y coeficiente intelectual", dijo Pablo.

Tal como describe la web discapacidadyderechos.org.ar "Las obras sociales y prepagas están obligadas a cubrir en forma total e integral las terapias de habilitación y rehabilitación que necesiten las personas con discapacidad (Arts. 2, 15 y 27 inc A de la ley 24.901)". La persona debe tener su Certificado Único de Discapacidad (CUD) y todo debería ser más ágil.

Sin embargo, Pablo expresó que "Es extremadamente burocrático y complejo. La prepaga se ocupa de solicitar unos 30 formularios que debe completar cada profesional interviniente y además ser firmado por su médico pediatra de cabecera. Y se renueva una vez al año".

Las personas teniendo su CUD acceden a las prestaciones que establecen las leyes 22.431 y 24.901 y es válido en todo el país. Esto incluye "terapia ocupacional, fonoaudiología, psicopedagogía, kinesiología, psicomotricidad, fisioterapia, neurolingüística, natación, equinotereapia" y en cuanto a la educación se incluyen "maestros/as de apoyo, acompañantes personales no docentes, intérpretes de Lengua de Señas, etc" con el fin de asegurar la equidad e inclusión.

Pero la familia Mazzia estuvo dos años sin autorización de las terapias. Tuvieron que resolver "Pagando particularmente sus terapias vitales (psicología y psicopedagogía) y luego trabajando mucho en casa junto a mi mujer, para enfatizar en los temas que más profundización necesita".

El Estado debería intervenir exigiendo que las resoluciones lleguen en tiempo y forma. En cuanto a la intervención estatal, Pablo expresó que: "Debería, pero la realidad es que no lo hace. Las empresas recortan porque no pueden aumentar los precios de sus cuotas mensuales (nosotros pagamos algo de $ 45000.00 x mes) el tema es que el recorte lo hacen con los más desprotegidos, que son los discapacitados y por supuesto, sus familiares que los acompañan, cuidan y asisten".

DESDE EL LADO DE LOS PROFESIONALES:

También viven el destrato. En cuanto a la burocracia que mencionaba el papá de Valen, Leila (Psicopedagoga) explicó: "Trabajar con obras sociales es bastante engorroso. Sobre todo, cuando hay un paciente que tiene terapeuta nuevo. Te piden muchos papeles, algunas obras sociales rebotan muchos de esos papeles solamente por no estar en el formato que ellos solicitan, aunque la información que necesitan está ahí".

Luego reflexionó: "En general demoran alrededor de dos o tres meses en aprobar la terapia. Y luego, dos o tres meses más en abonar lo facturado. Yo, por ejemplo, tengo dos pacientes que aún no cobré enero".

En cuanto a las demoras Leila dijo no comprender a qué se deben, especialmente porque con la pandemia, las presentaciones requeridas se realizan virtualmente "no sé muy bien la razón de estas demoras. Hay terapeutas que igual comienzan a atender a los pacientes, aunque no esté autorizada. Y después reconocen todos los meses trabajados."

Con estas palabras muestra la predisposición para resolver de los profesionales, no así desde los responsables. Y destacó que "todas las obras sociales se manejan de la misma forma. No hay una obra social que se maneje más rápido"

Por más que los terapeutas y médicos intenten aportar mejoras hay cosas que los superan. Leila expresó "En cuanto a lo que es integración escolar, es más difícil, porque no se comienza sin la documentación, por una cuestión de legalidad. Además, el sueldo es paupérrimo, así que en este momento está difícil conseguir acompañantes."

Resaltó un hecho importante, sus sueldos: "Algunas obras sociales tienen más de 3 meses de demora. Cuando cobras, esa plata no te alcanza para nada. Y, por último, es una locura que una profesional que trabaja en una escuela los 5 días de la semana cobre 45mil por mes. Este aumento fue dado este mes, el mes pasado se cobraba 34mil. No hay persona que quiera trabajar por ese dinero".

Así mientras las cuestiones de base no se resuelven, ni los controles exigen las resoluciones pertinentes, sin que recaigan en las familias, los pacientes quedan en medio. En vez de facilitar los procesos, las empresas deciden complicarlo todo porque solo ven su beneficio. No toman la salud como lo que es, un servicio, sino que la tratan desde su visión: un negocio.