La Legislatura porteña será el escenario de la primera pulseada política que dará Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Es que el jefe de Gobierno envió un proyecto que pretende que el Parlamento local modifique el Código Contravencional para penalizar la protesta social que bloquea la circulación vehicular y también la que interrumpa el paso de los peatones en las veredas.

La iniciativa, que encendió alarmas en los bloques de la oposición, contempla además un capítulo controvertido que prohíbe el ingreso a la Ciudad de aquellas personas que hayan cometido contravenciones en la vía pública y no cuenten con residencia en el distrito porteño.

Se trata del primer proyecto que Jorge Macri presentó ante la Legislatura desde que asumió en diciembre con el propósito de consolidar su política de "ordenamiento del espacio público", que incluyó en estos primeros meses los desalojos de acampes en Plaza de Mayo y Congreso y que ahora impulsa la limitación de las manifestaciones. "Queremos ordenar la protesta social para que no se desmadre", admitió un funcionario del Gabinete porteño al tanto de la propuesta.

Más allá de la intención de la gestión del alcalde, la nueva composición de la Legislatura dificultará la aprobación rápida del proyecto ya que el oficialismo local no reúne los votos de la mayoría parlamentaria, como ocurrió durante las anteriores gestiones del PRO encabezadas por Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

La bancada de Vamos por Más y las fuerzas políticas aliadas suman 30 legisladores y legisladoras, un escaño menos de los necesarios para la sanción del proyecto, pero además no tiene garantizado el apoyo de los nueve integrantes de La Libertad Avanza, que atraviesa una fuerte crisis interna que podría derivar la ruptura del espacio libertario en la Legislatura tras el desplazamiento de Ramiro Marra como jefe de bloque.

Mientras, Unión por la Patria (UXP), que suma 18 lugares, y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), que reúne tres escaños, adelantaron su oposición y rechazo a la propuesta del Ejecutivo y adelantaron su participación activa en el debate que se dará en las comisiones parlamentarias en las próximas semanas para marcar las objeciones y disidencias. "Es inconstitucional desde el primer al último artículo", evaluó la legisladora Graciana Peñafort.

El proyecto

El expediente introduce cambios al actual Código de Contravenciones porteño, que es la legislación a través de la cual los jueces locales sancionan las conductas que provocan "un daño o peligro cierto para los bienes jurídicos individuales o colectivos protegidos". Las penas incluyen multas económicas, arresto o el cumplimiento de días de trabajo de utilidad pública.

"La mera observación de la realidad cotidiana demuestra que, en los últimos tiempos, las protestas masivas y los cortes de calles realizados mediante los comúnmente llamados piquetes, han perdido toda racionalidad como medio de protesta, transformándose en un instrumento para generar caos en la Ciudad, violando sistemáticamente el derecho a la libre circulación de las personas que quieren transitar por ella", indica el texto del Gobierno porteño.

Con este argumento, promueve penas por encima de los $ 200 mil o cinco días de arresto a quienes impidan la circulación de vehículos por la vía o pública y para los que "ocupen indebidamente el espacio público alterando el orden, obstaculizando la libre circulación peatonal y limitando ilegítimamente el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía".

Es decir, extiende el castigo a las manifestaciones que se desarrollan en las calles, y además a las que van por las veredas en un intento por bloquear la protesta social en el distrito que va más allá de las restricciones impuestas dentro del denominado "Protocolo Antipiquetes" impuesto desde el Gobierno nacional por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sobre la vía pública.

Para la diputada de UXP Graciana Peñafort, el proyecto "es una barbaridad porque no respeta la cadena de prelación de las normas y va contra algunas cosas que están protegidas en nuestra Constitución como el derecho de protesta y el derecho a la circulación". "Es una manera indirecta de adherir al protocolo de Bullrich", remarcó en diálogo con El Editor.

Otro de los cambios lleva al doble las multas para las personas que "permitan o faciliten la participación, presencia o permanencia de menores de 13 años de edad en el hecho que configura la contravención". Este capítulo en particular fue uno de los temas que conformó la plataforma electoral de Jorge Macri durante la campaña en 2023.

Para la legisladora Alejandrina Barry, legisladora del FIT, calificó de "escandalosa e inmoral" a la propuesta y adelantó que se opondrá "en defensa del derecho constitucional a la protesta".

Por último, amplia la sanción de "prohibición de concurrencia" dispuesta en el Código y que es dictaminada por los jueces para impedir la asistencia "a ciertos lugares por determinado período de tiempo" de los contraventores. Por lo general, se utiliza para imposibilitar el acceso a espectáculos masivos en estadios de fútbol.

A la actual redacción, el texto suma un párrafo: "Cuando el/la contraventor/a no resida habitualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta sanción podrá incluir la prohibición de ingresar a dicho territorio".

Desde la Secretaría de Justicia porteña, en tanto, expresaron su intención que "salga lo antes posible" la aprobación del proyecto en el Parlamento capitalino y señalaron que aspiran a "ordenar la protesta" para evitar "las cuestiones negativas a las que estamos acostumbrados a ver en las marchas como la presencia de niños".