Ni Silvio Robles ni Natalia Monayer son abogados: ambos son secretarios y responsables de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, investigado junto a los ministros Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti por mal desempeño y posible delito en ejercicio de la función pública.

Robles, quien mantenía conversaciones a través de Telegram con el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, ahora de licencia, Marcelo Dalessandro, funcionó como uno de los enlaces y facilitó la connivencia del mayor órgano del Poder Judicial con la gestión del macrismo porteño a cargo de Horacio Rodríguez Larreta.

Semana a semana, el juicio político avanza en la investigación del tráfico de fallos y expedientes que tenían los distintos sectores del Poder Judicial con la influencia de los principales grupos económicos y mediáticos del país. Tal es así, que en la última sesión con testigos citados a declarar, desde el oficialismo sostuvieron que Robles y Monayer tendrían una empresa de nombre Moromedia S.R.L., sigla que se condice con el apellido de ambos, y que registra movimientos empresariales poco claros.

La empresa fue apuntada como pantalla para el tráfico de influencias, es decir, el conocimiento entre el cortesano que se auto-votó para presidir el Consejo de la Magistratura y también la Corte Suprema de Justicia con funcionarios del macrismo en la Capital Federal, y otros funcionarios y jueces.

Tras ser interrogada como testigo en la comisión de Juicio Político, Natalia Monayer no pudo dar muchas explicaciones en relación a las funciones que cumple la empresa. Lo curioso es que su madre, Patricia Duró, figura como socia de la misma.

Desde el oficialismo consideran que el dictamen en comisión logrará demostrar que la Corte incumplió sus funciones por las tres razones que figuran en el artículo 53 de la Constitución Nacional: mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones y actitud criminal de delitos comunes.

La composición actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de no respetar el criterio impar, es integrada por dos cortesanos que fueron designados a través de un decreto simple del ex presidente Mauricio Macri, algo que está prohibido por los mecanismos constitucionales del país. En este sentido, es imposible que tanto Rosatti como Rosenkrantz argumenten que desconocen la ley, ya que ambos aceptaron, siendo abogados y actuales ministros de la Corte, ascender a los puestos de mayor jerarquía de manera ilegítima.

Las sesiones de juicio político son transmitidas en vivo a través del canal de la Cámara de Diputados y Diputadas para todo el país.