Soledad Acuña es uno de los alfiles que tiene el intendente porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de cara a las elecciones del 2023. Dueña de un discurso muy despreciativo de los y las docentes, la ministra se transformó en los últimos meses en una de las figuras más importante del PRO en la Ciudad. Y hoy, con su decisión de que los padres y las madres respondan económicamente por los días de toma -esta última, cabe aclarar, una acción que está avalada por el estatuto estudiantil- demuestra que en materia educativa el PRO sabe bien lo que hace: limitación de vacantes, recorte de presupuesto y, ahora estigmatización y persecución de la protesta estudiantil así sólo busque mejoras para escuelas y estudiantes.

Las tomas, legales

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) explicaron que "las ocupaciones de escuela constituyen formas legítimas de ejercicio del derecho a la protesta social, particularmente en contextos en los que los niños, niñas y adolescentes no disponen de otros canales para hacer conocer sus reclamos respecto de las políticas que los afectan".

Cabe recordar que durante la pandemia, y con la vuelta a las aulas, Acuña había manifestado que entonces ya "era tarde" para ir a buscar a quienes se ausentaban porque "seguramente" ya estaban "perdidos en un pasillo de una villa". Su desprecio por la educación pública y por la comunidad que la habita es de larga data, pero la penalización de la toma expresa una escalada en su discurso en contra de los y las jóvenes que reclaman por sus derechos de manera organizada y en comunidad.

Conocidas las declaraciones de la ministra, el Frente de Todos en CABA le salió al cruce a través de un comunicado en el que expresa su repudio por los dichos y hechos de la funcionaria del PRO. "Soledad Acuña declaró en distintos medios de comunicación que legisladores del kirchnerismo "reparten manuales que tienen discursos para que los chicos repitan y todas las instrucciones sobre cómo tomar una escuela", se lee en el mismo.

Y continúa diciendo que "existen leyes que promueven la creación de centros de estudiantes y las autoridades educativas deben velar por el cumplimiento efectivo de la normativa y garantizar sus derechos". Para quienes entienden la educación como un derecho y no como un servicio, la expresión estudiantil es libre y es también un derecho contemplado y protegido por la ley.

PROblemas con todo lo público

Pero lo que la ministra Acuña hace no es, en realidad, novedoso. El discurso en torno de la supuesta "ineficiencia" de los establecimientos educativos públicos ya resonó en los noventas, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. La gestión de Juntos por el Cambio comparte esa misma mirada eficientista de la educación, al tiempo que degrada la práctica docente. No en vano, ante las sucesivas medidas de fuerza en el sector las autoridades de CABA no tuvieron empacho en proponer como solución a "docentes voluntarios" ni tampoco en reprimir a los y las docentes que protestaban por mejores salarios en la Plaza de los Dos Congresos.

Así las cosas, la política educativa del PRO en la CABA tiene como eje desacreditar a la educación pública al tiempo que se recorta su presupuesto. Entre 2011 y 2022, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Educación porteño cayó 14%.