El Congreso no funciona, se sabe. Lo único que está en discusión en torno a esa realidad son las responsabilidades. Un oficialismo que no pudo/no supo/no quiso construir una mayoría más allá de los vaivenes electorales y la confrontación interna. Una oposición salvaje que busca trabar cualquier posibilidad de que la sociedad perciba cierto alivio en cualquiera de los frentes que la agobia, desde la inseguridad hasta la inflación. Impedir es la tarea.

La apuesta de la oposición es peligrosa. Está matizada por las caricias de los medios hegemónicos. Pero lo cierto, es que la necedad opositora dejó sin esperanzas a las y los inquilinos que esperan por una nueva ley de alquileres, a los hipotecados que desean un cambio en la estafa de los créditos UVA, a las y los rosarinos que anhelan una ley que otorgué más recursos para luchar contra el crimen organizado en esa ciudad. Todo cayó en la grieta. Todo está bloqueado por la oposición.

El capítulo más revelador de la saga protagonizada por la oposición en el Congreso tiene que ver con el reciente decreto dictado por el Poder Ejecutivo. La cuestión es técnica. Tiene que ver con bonos, la Anses y la presión sobre los dólares financieros. Pero no hace falta ser economista para entender que la medida busca, una vez más, tranquilizar una economía que está en ebullición.

El decreto tiene 180 días para ser tratado por el Congreso. En caso que eso no suceda la norma tendría fuerza de ley. Para que el decreto quede sin efecto ambas Cámaras del Congreso lo deben rechazar. Ante esa situación, la oposición ya junta las voluntades para dar por tierra con el nuevo canje de deuda pergeñado por Massa. ¿Buscan proteger a los jubilados de las futuras turbulencias económicas? Con la experiencia que aportan para el análisis las medidas tomadas por la oposición cuando fue gobierno es sencillo suponer que la respuesta a la pregunta es no. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Adelantar los tiempos de un ajuste violento que la oposición cree inexorable?

La oposición hoy tiene los números. No sólo para sesionar, sino también para aprobar las normas que crea convenientes. Si la oposición quisiera podría sin mucho esfuerzo sancionar una nueva ley de alquileres, cambiar la ecuación de los créditos UVA y avanzar con la ley que le daría más fondos a Rosario para combatir el narcotráfico. Claro, eso traería alivio social. Esas medidas ayudarían a parte de la sociedad a sobrellevar un poco mejor la crisis. Pero, por ahora, la oposición sólo parece dispuesta a sentarse en el recinto para bloquear acciones de gobierno.

La extraña República de Juntos es así. Con un Congreso que no funciona. O sólo funciona para trabar las iniciativas del oficialismo.

La sequía parlamentaría llegaría a su fin esta semana. La Cámara baja convocó a dos sesiones, martes y miércoles. La primera hasta ahora cuenta con consenso y tendrá entre su temario la ley que apuesta a fortalecer la justicia en Santa Fe. ¿Habrá show opositor o la dirigencia estará a la altura de la circunstancia? El proyecto que contempla la creación de 27 cargos de fiscales, 9 defensores públicos y 14 jueces. En caso de aprobarse, Santa Fe deberá esperar la sanción del Senado y luego la sustanciación de los concursos. La solución al problema de hoy llegará, con suerte, dentro de un año.

Al otro día el recinto se abrirá para recibir al flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi, que hará su debut en la presentación del informe de la jefatura de Gabinete ante el Congreso.

Por su parte, el Senado, que desde hace pocas semanas cuenta con una clara mayoría opositora, seguirá sin actividad en el recinto.