Política

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Algo huele a podrido en la Corte

Horacio Rosatti, presidente la Corte Suprema, salió a marcarle la cancha al gobierno ante los empresarios reunidos en AmCham. El uso político de los fallos mientras avanzan los pedidos de juicio político en Diputados. Denuncias por corrupción y desvío de fondos.

Por: Antonio Riccobene
13 de mayo de 2023

La tensión entre la Corte Suprema de Justicia y el peronismo llegó a un nuevo nivel cuando el máximo tribunal decidió suspender la elección a gobernador y vice de Tucumán y San Juan a cuatro días de los comicios en esas provincias. La decisión se da en un contexto de enfrentamiento directo con el oficialismo que impulsa varios pedidos de juicio político contra los jueces del máximo tribunal. El escenario que termina por dejar al desnudo a los cortesanos se completa con el tironeo interno entre los propios magistrados y con fallos que muestran una vocación política que van por encima de la administración de justicia.

Algo de esto se vio en lo que expuso el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti en la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AnCham, por sus siglas en inglés). "No venimos a la función pública para hacer nuevas amistados", remarcó y dejó en claro que no tiene ninguna intención en mejorar su relación con el peronismo. Además, tildó de "incontrolada" la emisión monetaria, y dejó entrever que desde su rol de custodio de la Constitución Nacional podría frenar la impresión de billetes.

Los gestos en política hablan por sí solos. El fallo que suspendió los comicios en dos provincias se conoció mientras el ex administrador de la Corte, Héctor Marchi, hombre cercano a Ricardo Lorenzetti, declaraba en la Comisión de Juicio Político. En el exacto momento que se publicó el fallo, a las 15.00, contaba cómo Rosatti lo presionaba para que encubriera a Silvio Robles, el secretario del santafesino y acusado de "traficar" sentencias.


Héctor Marchi, ingresa a dar testimonio ante la Comisión de juicio político de la Cámara de Diputados de la Nación. Foto: HCDN


"Muchas veces preferí quedarme sin trabajo para no perder mi dignidad, pero sabía que iba a pasar en algún momento porque me negué a encubrir a Robles", dijo Marchi y a los pocos minutos todos los diputados de la comisión vieron en las pantallas de sus celulares la noticia: la Corte Suprema suspendió las elecciones de San Juan y Tucumán.

La tarea que realiza la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados permite conocer un poco más el funcionamiento de la Justicia. El capítulo por los desmanejos de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) no solo expone las maniobras fraudulentas, sino que deja al desnudo las internas que atraviesan a los cortesanos, y quién habla en lugar de quién.

La confianza que Ricardo Lorenzetti depositó en Juan Carlos Maqueda en abril de 2008 para ubicarlo a cargo de la Obra Social es un recuerdo del pasado. Con la llegada del macrismo al poder en 2015, Maqueda se alineó con Horacio Rosatti, actual presidente del máximo tribunal, y Carlos Rosenkrantz. Además, insiste en demostrar que él no estuvo formalmente a cargo de la OSPJN y por eso no es responsable de lo que se le acusa.

Pero el hombre de Rafaela, Santa Fe, si bien quedó en minoría, mueve sus hilos en el Congreso de la Nación y en Comodoro Py para demostrar lo contrario. La persona clave para eso es Marchi, que ocupó el cargo hasta el 20 de abril, cuando fue desplazado del cargo con la firma del tridente conformado por Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz, y la disidencia de Lorenzetti. El despido llegó cinco días antes de su primera declaración en la Comisión de Juicio Político.

Durante su mandato de 15 años en la Corte Suprema, Marchi administró una caja de 35 mil millones de pesos, además del fondo anticíclico del tribunal. El rafaelino llegó al máximo tribunal en 2003 gracias al apoyo de Lorenzetti, y creció a la par del expresidente de la Corte.

Días antes de ser desplazado, Marchi mandó a la comisión que preside la entrerriana Carolina Gaillard (Frente de Todos) un informe de 19 mil fojas con detalles de los desmanejos de la OSPJN. Allí, según pudo verificar El Editor, se deja ver la falta de planificación presupuestaria que tuvo la obra social cuenta con 100 mil afiliados, empleados del Poder Judicial) y las contrataciones de servicios médicos sin las licitaciones correspondientes, entre otras irregularidades.


Horacio Rosatti en AmChan


Esto lo ratificó el propio Marchi con su testimonio frente a las y los diputados de la comisión el 25 de abril. También remarcó que la persona a cargo de la OSPJN era Maqueda. Dijo que "siempre fue el responsable del manejo". "Todos los directos los eligió él y nunca hubo concurso", remarcó en su presentación.

"Maqueda pidió expresamente que no se consignara en una acordada porque la obra social es conflictiva. Eso creó una especie de apariencia jurídica, pero está absolutamente claro que el doctor Maqueda la dirigió durante todo ese periodo. Quedó a cargo de la obra social. Una prueba clara de ello es que todos los directores los eligió él y nunca hubo concurso", argumentó.

Además, contó que sufrió "seguimientos y amenazas". "También funcionarios que han colaborado conmigo en la auditoría que realizamos sobre la obra social. Esto, que excede el marco de un tema tan particular como la obra social, genera mucha presión en mí, pero no me impide contar la verdad", señaló.

El testimonio de Marchi dejó sorprendidos a diputados del oficialismo y la oposición por la precisión de los detalles con los que describió el funcionamiento de la obra social. Esto hizo que lo volvieran a citar para la semana siguiente, el 3 de mayo. Pero pocos días antes se conoció que el juez federal Ariel Lijo lo citó a Comodoro Py para el mismo día y a la misma, para que preste declaración en la causa penal que investiga los delitos que se habían cometido en la administración de la obra social. La estrategia imposibilitó que Marchi se presentara en la comisión, y rápidamente comenzaron las especulaciones sobre por qué no podía asistir un testigo clave.

Algunos diputados sospecharon en un principio que se trataba de una maniobra del tridente Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz para que no siga ventilando la interna del máximo tribunal.

Sin embargo, un diputado de la comisión que sigue de cerca el funcionamiento de la Justicia dio otra explicación, ante la consulta de El Editor: "Esa causa la mandó a hacer Lorenzetti para que se investiguen las irregularidades y operar a Maqueda, y por ende a Rosatti". "Maqueda lo traicionó a Lorenzetti, y por eso lo está sacudiendo", remarcó. La propia Carolina Gaillard anticipó a este sitio que la convocatoria a Marchi pasaba para la semana que viene. Y efectivamente el 9 de mayo Marchi volvió a declarar.

Así como Marchi habla en representación de Lorenzetti, Aldo Tonón, quien fue director de la OSPJN hasta fines de marzo de este año, se maneja en representación de Maqueda. Claro, no habla porque nunca se presentó en la comisión de juicio político, a pesar de haber sido citado tres veces como testigo. En todas las ocasiones justificó su faltazo con la causa que Lijo lleva en Comodoro Py, impulsada por Lorenzetti. Por eso mismo, el miércoles 3 de mayo, el Frente de Todos impuso su mayoría en la comisión de Juicio Político para que sean las fuerzas de seguridad las encargadas de llevarlo a declarar al segundo piso del Anexo A de la Cámara baja.

"Así lo establece el reglamento interno de la comisión que, ante la no comparecencia de un testigo en reiteradas oportunidades, lo que se hace es comunicar la ilicitud al juez", dijo Gaillard el pasado miércoles.

Tonón, a diferencia de Marchi, está más comprometido en el manejo de la obra social, ya que fue el director. En 2021 después de una serie de denuncias de irregularidad, la Corte Suprema mediante la acordada 22/2021 ordenó la realización de una auditoría. El resultado fue fulminante contra Maqueda y Tonón. El informe sostiene que "la entidad no habría llevado un sistema presupuestario durante el período auditado, ni general ni sectorial, por lo que solo podemos comentar acerca de la imposibilidad de contraponer los resultados obtenidos y las gestiones realizadas, con planes o políticas previamente diseñadas". "La obra social nos dijo explícitamente no tener un presupuesto. Esto sucedió a lo largo de trece años", dijo Oscar Fernández, uno de los peritos que fue parte de la auditoría, en la comisión de Juicio Político.

En esa misma auditoría muestra un aumento significativo en las quejas y demandas presentadas por los afiliados contra la obra social: "El índice de litigiosidad para el período 2008-2021 creció más del 300 %", indica el informe y detalla que "en 2008 se iniciaban 3 causas judiciales contra la OSPJN cada 10.000 afiliados, mientras que en 2021 se iniciaron 11 causas cada 10.000 afiliados".

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