Un fallo judicial en la Provincia de Buenos Aires declaró probado, casi cuarenta años después, que la muerte de un joven de 24 años no había sido la de un delincuente baleado durante un enfrentamiento con la policía, sino el infame resultado de un caso de gatillo fácil. La verdad, tan postergada, solo se alcanzó por la lucha de Nancy Saavedra, la viuda. "Tengo sensaciones encontradas -dice ahora, todavía confusa por ser la protagonista de una resolución inédita-. Tal vez debería estar feliz, pero no lo estoy, al menos por estos momentos. Con un dolor muy grande debo decir que el fallo no me repara nada. El Poder Judicial no administra justicia. Eduardo Galeano (en referencia al escritor uruguayo fallecido en 2015) decía que la justicia es como una serpiente: solo muerde a los descalzos. Puedo dar fe de que es así", resalta.

De acuerdo con la resolución del juez de Garantías N° 3 de Lomas de Zamora Gustavo Gaig, el 12 de junio de 1986, es decir, 38 años atrás, Alejandro Fabián Rodríguez Cernadas "fue víctima de un homicidio doloso, que para lograr la impunidad de los autores se falseó un sumario y el trámite judicial se limitó a brindar cobertura a la versión policial, sin realizar, pese a las evidencias, ningún esfuerzo investigativo".

Una noche fría de aquel junio de 1986, fecha que quedara para siempre en los corazones de los argentinos por la conquista de la selección de Diego Maradona en México, Rodríguez Cernadas subió al techo de la casa de sus padres en Lanús porque se había olvidado las llaves y buscaba descolgarse hasta alguna ventana abierta. Pero un vecino lo confundió con un ladrón y dio aviso a la comisaría del barrio. En pocos minutos, el agente José Di Giulio, que había respondido al llamado junto a dos compañeros, se trepó a una reja y se asomó al techo. El primer disparó entró por el mentón y tumbó a Rodríguez Cernadas. El uniformado se acercó y gatilló dos veces más para rematarlo. Lo que siguió fue la puesta en práctica del manual de estilo de la maldita policía: Di Giulio, con la complicidad de sus compañeros, colocó un revólver calibre 22 largo marca Pasper Bagual al lado del cuerpo con el fin de simular un enfrentamiento. Más tarde, con el consentimiento de los jefes de la comisaría segunda de Lanús, falsificó un sumario de investigación que justificase una legítima defensa (declaraciones adulteradas de testigos incluidas).

Nancy Saavedra. Foto: Silvana Colombo.

Nancy, de apenas 18 años, se negó a creer la versión policial que convirtió a su marido en otro "delincuente abatido"; buscó asesoramiento legal y se presentó como particular damnificada, aportó pruebas contundentes como la presencia única de casquillos de la pistola Browning calibre 9mm del oficial Di Giulio en la escena y la pericia balística que evidenció una "ejecución extralegal". Los jueces y fiscales intervinientes, cada uno a su turno, la ignoraron sin impulsar una adecuada investigación y dictaron sucesivos sobreseimientos a los policías y ordenaron el archivo del expediente. La muerte del abogado de Nancy solo empeoró la situación.

"Me quedé sola, pero igual seguí luchando. Hice como 20 presentaciones para mantener la causa activa. En silencio, sin que nadie supiera porque había amenazas, persecuciones, tenía miedo. Se cerraron muchas puertas, y eso me afectó emocionalmente. Creo que lo que mantuvo fue la osadía de la adolescencia que me llevaba a no claudicar. Lo único que quería era que se supiera la verdad, y la verdad no era la que la policía había planteado y que la justicia había convalidado una vez y otra vez y otra vez dejando libre al asesino".

Víctima de violencia institucional

En 2023, Nancy convocó a Ciro Annicchiarico, un abogado especializado en derechos humanos y familiarizado con los juicios por la verdad que habían comenzado en los años 90 en la Cámara Federal de La Plata, cuando se declaró el derecho de los familiares de las víctimas de la última dictadura cívico-militar de conocer cuáles fueron las circunstancias de su desaparición y el destino final de los restos. El impulso que dio a la causa Annicchiarico, sumado a la intervención en calidad de amicus curiae de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), lograron que el juez Gaig, "pese a encontrarse prescripta la acción penal por el tiempo transcurrido y por el fallecimiento de todos los posible imputados", habilitara la instancia de juicio por la verdad sobre el homicidio de Rodríguez Cernadas, con el argumento que el sobreseimiento del policía Di Giulio no fue acompañado de una fundamentación, por lo que "no se puede establecer cuál fue la convicción del magistrado para tomar la decisión que sellara la suerte de ese proceso".

El fallo reciente de Gaig responsabilizó al Estado provincial "por incumplir con sus obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tanto respecto del Poder Ejecutivo en su servicio policial como del Poder Judicial" y requirió a la Suprema Corte de Justicia bonaerense la colocación de una placa conmemorativa en el patio central de los Tribunales de Lomas de Zamora en memoria de Rodríguez Cernadas "indicando su carácter de víctima de violencia institucional, cuyo homicidio no fue debidamente investigado en su momento".

Annicchiarico explica que la importancia de este fallo radica en que "no existen antecedentes en la provincia de Buenos Aires de declaración al derecho a la verdad en un hecho de gatillo fácil, en un caso que no está vinculado a violaciones de derechos humanos durante la última dictadura".

Luego de enterarse del fallo absurdamente tardío de la Justicia que consideró a su marido una víctima y no un delincuente, Nancy escuchó La Biblia de Vox Dei a modo de triste homenaje. "Era su disco favorito".