Durante seis meses, en cuatro localidades de cuatro provincias argentinas ubicadas en la región norte, centro y sur, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género llevó adelante una evaluación pionera. ¿La pregunta? Cómo se implementaban en los diferentes territorios los tres programas pensados desde el Ministerio de Mujeres para luchar contra las violencias. Estos son el Acompañar, el Acercar Derechos y el Producir. Entre los tres, lo que se busca es impulsar desde el Estado - a través de un aporte económico, asistencia psicosocial y acompañamiento jurídico- la autonomía económica de mujeres y diversidades que enfrenten o hayan enfrentado violencia de género. El estudio se hizo en el marco del proyecto Cerrando Brechas y contó con el financiamiento de la Unión Europea. Agustina Rossi estuvo al frente de la investigación y escribió el prólogo de Es por acá. Construyendo políticas contra las violencias en el territorio, el documento final de esta investigación de la que participaron funcionarias, referentes de organizaciones sociales, beneficiarias y todos aquellos y aquellas que son parte de los programas en acción. Porque, como sostiene Rossi, "me parece fundamental que podamos pensar las políticas públicas más allá de lo escrito en un papel, que nos preguntemos seriamente: ¿cómo se va a implementar esto en el territorio? ¿Quién lo lleva a cabo, con qué recursos? En las entrevistas con los gobiernos locales quedó muy en claro, por ejemplo, que sin fortalecer los equipos de profesionales es imposible cubrir la enorme demanda que ya existía en el territorio y que se aumentó (llego a duplicarse, según nos contaron) con el lanzamiento de los nuevos programas, especialmente con el Acompañar", alerta.

El Editor: ¿Alcanza con lo que se está haciendo en relación a las violencias? ¿Es suficiente?

Rossi: La atención en casos de violencias, cuando se hace desde un enfoque integral y con compromiso, no es simplemente una reunión de una hora o la mera inscripción a un programa. Para brindar la atención psicosocial que se requiere, para acompañar los procesos de capacitación técnica y profesional para la inserción laboral, para gestionar las múltiples necesidades de las personas que se encuentran en situación de violencia (muchas veces de alto riesgo) es necesario dedicar mucho tiempo a escuchar, acompañar, pensar cómo puede construirse esa salida. Porque además no hay una respuesta única, hay que crear opciones que se adapten a la situación y necesidades de la mujer, y poder mantener un seguimiento sostenido, que muchas veces dura meses.

El Editor: ¿Cuáles son los problemas más frecuentes?

Rossi: En las entrevistas se mencionó mucho la falta de comunicación y de articulación, sobre todo cuando median diferencias políticas. Las organizaciones contaban que no se conocen los programas ni los recursos disponibles, porque la información no llega o es complicado de entender cómo acceder a los programas. Parte de su trabajo es intentar articular con los distintos organismos para que las mujeres y LGTBIQ+ puedan recibir la ayuda que necesitan, y en muchos casos se han solucionado situaciones urgentes gracias a la presión y seguimiento que la misma organización ejerce sobre el Estado.

El Editor: ¿Y qué dicen los equipos técnicos de estos programas?

Rossi: Los equipos de profesionales que entrevistamos dicen contar con tres o cuatro profesionales y una administrativa, en el mejor de los casos. En general, no tienen ni una computadora por persona, por lo que deben turnarse para la carga de datos, y eso cuando la conexión a internet funciona. Al mismo tiempo, trabajan por sueldos mínimos mientras gestionan situaciones de alto estrés, sin poder acceder a ningún tipo de apoyo. Aclaremos además que existe un programa -llamado Generar y también dependiente del MMGyD- que está destinado a la creación y fortalecimiento de áreas de género locales. Tiene este objetivo, pero las entrevistadas dicen que puede demorarse hasta seis meses en la compra de una computadora, cuando lo cierto es que la demanda por la inscripción al Acompañar era para ayer, para ahora mismo.

El Editor: ¿Eso no es peligroso, sobre todo tratándose de programas que buscan superar la violencia?

Rossi: Desde luego porque, ¿en qué condiciones están cuidando las que cuidan? No es una pregunta menor, sobre todo si entendemos que las respuestas a la violencia van a encontrar un límite claro: el de la capacidad de los equipos de sostener ese trabajo diario. La preocupación entre las profesionales es palpable, y en las entrevistas comentaban que tenían miedo de que la sobrecarga de trabajo haga que algún caso se les escape y termine en un ataque o, en el peor de los escenarios: en un femicidio.

El Editor: ¿Cuáles serían, para usted, las alternativas de solución frente a esto?

Rossi: Digamos que si exigimos, como lo hacemos desde la sociedad civil, que las políticas de prevención y atención lleguen a todo el territorio y se le brinde a cada mujer y LGTBIQ+ la asistencia que necesita para salir de la violencia, debemos igualmente exigir que se fortalezcan los equipos profesionales dedicados a esa tarea. Debemos exigir que se mejore la infraestructura dedicada a recibir a quienes van a denunciar o buscar ayuda en casos de violencia. Debemos exigir también que se garanticen el equipamiento tecnológico y los recursos materiales para poder cumplir con los programas que existen.

El Editor: ¿El desempeño de los programas es igual en todas las regiones?

Rossi: No, lamentablemente. Sabemos que el Estado no está presente en todos lados ni de la misma manera. Son las organizaciones territoriales y de base, aquellas personas que se encuentran en el territorio, que son parte de la comunidad, quienes conocen de primera mano las necesidades de las mujeres y LGBIQ+ en situaciones de violencia. Y son también quienes construyen a diario estrategias para su prevención y atención, muchas veces con recursos muy limitados, dedicando su tiempo personal y hasta poniendo plata de su propio bolsillo para acompañar estos casos. Su rol es fundamental, y quedó claro en las entrevistas a mujeres beneficiarias de los distintos programas: una y otra vez, ellas recalcaban que pudieron dar los primeros pasos para salir de la violencia de la mano de una organización que la guió en la búsqueda de ayuda.

El Editor: ¿Y qué dicen las organizaciones sociales sobre la implementación de los programas?

Rossi: Por lo general, la realidad que pintan las organizaciones sociales es más cruda que la que se escucha en los discursos oficiales. Valoran que existan nuevos programas, pero manifiestan que el impacto de estos aún no es el esperado. Las representantes que entrevistamos insistieron en que los programas necesitan incorporar una mirada federal, que no sirve la misma respuesta para todos los territorios. "Se piensan desde la visión de la provincia de Buenos Aires", nos dijeron. Por ejemplo, ellas saben que el Acompañar le rinde más a quien vive en una ciudad del norte que a quien vive en el sur del país, donde no permite siquiera acceder a un alquiler por los altos costos de la vivienda. También saben que las mujeres necesitan patrocinio jurídico gratuito para enfrentar la compleja trama de la justicia. Conocen de la necesidad del acompañamiento psicológico y buscan recursos para brindarlo pero les es difícil sostenerlo en el tiempo. Insisten en que es urgente que se atiendan estas demandas, pero los programas actuales no están dando una respuesta efectiva.