Belén pasa 10 horas por día arriba de la bicicleta seis veces por semana. No lleva la cuenta exacta, pero estima que las ruedas de su vehículo pueden recorrer tracción a sangre hasta dos mil kilómetros al mes. No busca una medalla olímpica, sino pagar las cuentas en una Argentina cada vez más cara. Lleva y trae encargos a razón de $200 por viaje para alcanzar unos $180 mil al mes, una cifra que está por debajo de la canasta básica familiar de abril medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). No tiene vacaciones ni feriados. Tampoco aguinaldo ni ART. Las aplicaciones de reparto para las que trabaja la consideran una "colaboradora" y por lo tanto el Estado no las obliga a cumplir con sus derechos laborales.

"Yo trabajaba en el rubro gastronómico y en 2020 por la pandemia perdí parte de mi salario. Así que para complementar mis ingresos me bajé una aplicación y salí a repartir", recuerda Belén en un descanso de su jornada. En las plazas donde paraba a la espera de nuevos pedidos comenzó a cruzarse con otros colegas del asfalto. Conoció sus penurias y participó de actividades para reclamar mejores condiciones para los suyos. Eso le abrió la cabeza para ver que no estaban solos. "Las y los repartidores somos de alguna forma la punta del iceberg de una avanzada brutal sobre los derechos del conjunto de los trabajadores", plantea la hoy Secretaria Adjunta del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SITRAREPA), una incipiente organización que busca el reconocimiento del Ministerio de Trabajo.

Belén tiene razón, las y los repartidores son el exponente más visible de un mercado de trabajo cada vez más informal. La realidad urbana, el constante transitar de las motos y las bicicletas por el AMBA los transformó en parte del paisaje. Sin embargo, el AMBA y los repartidores sólo son una parte del asunto. Se calcula que las más de 50 mil personas que se sostienen con ese oficio en el país representan apenas el uno por ciento de las y los trabajadores no registrados. Claro que al eludir la supervisión del Estado es muy difícil tener cifras precisas. Los investigadores del mundo laboral, no obstante, se dan mañas para tratar de identificarlos.

"Si excluimos del total de la población ocupada a quienes tienen las inserciones más protegidas y de mejores ingresos, el universo que queda por fuera comprende a 10 millones de trabajadores. De ese conjunto, 1,3 millones son beneficiarios de programas sociales y 3,2 millones están inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP)", razona el informe "Empezar por los últimos, seguir por los anteúltimos", elaborado en julio de 2022 por el espacio de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Si seguimos la cuenta aparece una pregunta: ¿Dónde están los otros 5 millones y medio?

Según el Ministerio de Trabajo de la Nación, al tercer trimestre de 2022, el podio en el ranking de empleo no registrado por actividad era liderado por el trabajo doméstico (19,2 % del total); seguido por el comercio (16,7 %) y la construcción (13,2 %). No llevan mochila cuadrada de colores estridentes, pero todos los vemos. Limpian los lugares que habitamos; los construyen y arreglan cuando algo no anda bien; fabrican la ropa que usamos y también nos la venden, entre otras cosas.

Belén, Secretaria Adjunta del Sindicato de Trabajadores por Aplicación (SITRAREPA). Foto: Silvana Colombo

Las primeras precarizadas

Para hablar de trabajo no registrado, hay que empezar por las empleadas de casas particulares ¿Pero por qué es un trabajo con tan alta tasa de informalidad? "En principio hay que considerar que es un empleo que recién adquiere derechos laborales en 2013. Porque antes para ser reconocida tenías que tener más de ocho horas diarias y esa no es la práctica actual. La mayoría hoy trabaja de manera temporal: dos horas en una casa, cuatro en la otra", relata Mercedes D'Alessandro, extitular de la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. "Además hay un factor cultural muy fuerte en el que la servidumbre es algo que está normalizado y hasta romantizado. Se habla de la chica que ayuda en casa, que es parte de la familia, pero no se ve a la formalización del vínculo como algo deseable", agrega la también autora del libro "Economía Feminista: cómo construir una sociedad igualitaria (sin perder el glamour)".

"Además algunas trabajadoras temen que la formalización del vínculo les haga perder alguno de los programas sociales que reciben: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la tarjeta Alimentar, o la tarifa social, el descuento en el acceso a las garrafas de gas, etcétera. Aunque esto no es así", explica D'Alessandro quien durante su etapa como funcionaria participó del diseño e implementación del programa Registradas, que ofrecía pagar el 50 % del salario de la trabajadora de convenio durante 6 meses a quien formalizara a su empleada doméstica.

¿La precarización es un camino de ida?

Más allá de los intentos por mejorar las condiciones actuales, la experiencia muestra una tendencia sostenida hacia la destrucción del empleo formal. El informe de la CETyD es contundente: "Si en 1974 cerca de uno de cada dos trabajadores tenía un empleo formal en el sector privado, en la actualidad sólo el 37% está en esa situación".

¿Esto es irreversible? "Para mí hay que ser bastante más cauto", plantea a El Editor Matías Maito director del CETyD y explica que "en los últimos 50 años Argentina tuvo uno de los peores desempeños en actividad económica del mundo medida en PBI per capita (puesto 87 de los 113 medidos por el Banco Mundial). Sin embargo, entre 2002 y 2012 hubo un repunte y la cantidad de trabajadores formales casi que se duplicó".

D' Alessandro es más pesimista. "El año pasado aumentó el PBI y bajó el desempleo, pero aumentó la pobreza. Es decir que la calidad del empleo no mejoró ni tampoco subieron los salarios". Para la doctora en Economía, el cambio de esta tendencia empieza en otro lado. "Para mí el problema acá es de imaginario político. Cuando vos escuchás al peronismo o a la izquierda hablando del trabajo, el sujeto es el obrero fabril. No están mirando cómo el trabajo cambió. Hoy algunos que venden cosas online quizás se hacen un sueldo sin salir de la casa. Y esas personas no tienen ganas de ir a trabajar a una oficina ocho horas seguidas ni aunque le ofrezcan un pago en blanco, vacaciones o aguinaldo".

Maito coincide. "Otro gran problema es que el concepto de reforma laboral fue apropiado por la derecha y siempre se la asocia con flexibilización y persecución de la actividad sindical". Y añade: "Por eso creo que el desafío que tenemos es pensar una reforma centrada en el paradigma de la protección de derechos. Porque hay una agenda ahí vinculada a la reducción de la jornada de trabajo, el derecho a la desconexión en el teletrabajo, la regulación de los trabajadores de plataformas, etcétera".

Recién es mediodía y Belén tiene que volver a subirse a la bici. Su cuerpo siente la falta de derechos que su conciencia reclama. "Ahora algunos buscan crear legislación sobre las plataformas pensando en cobrarles a las empresas, pero no vemos beneficios pensados para los trabajadores. Si el gobierno quiere realmente avanzar en algún tipo de regulación, que reconozca el sindicato que armamos hace dos años y que nos de voz en la discusión". Ahora que se los ve, que también se los escuche.